En la América hispana, el orden para ocupar territorios naturales con ámbitos urbanos ha seguido una secuencia decreciente. Al inicio las Leyes de Indias impusieron el modelo rígido de veinticinco manzanas con plaza de mercado central rodeada por iglesia y casas de gobierno. Este fue el primer orden.
Al expandirse el asentamiento inicial, dejó de ser estricto el trazado ortogonal; nos ocurrió durante el estancamiento del siglo XIX. El deterioro del orden persiste y se acentúa al concentrar la población en áreas urbanas y el desorden es evidente en la llamada ciudad formal y dramático en las barriadas donde conviven muchos votantes acumulados en casas y recovecos con carencias en servicios, equipamientos y movilidad.
Nuestro declive hacia el desorden urbano perdura en las periferias citadinas y con las falsas rezonificaciones de Los Palos Grandes, El Paraíso, El Rosal, Las Mercedes, Campo Alegre y Los Chorros. El desorden aumenta con el deterioro de lo construido y con la promoción de urbanizaciones aisladas sin obligarlas a desprender la vialidad y los servicios desde redes matrices obligatorias.
Principios pueden abundar y por ello, lo que sigue solo son ejemplos que pueden coincidir o no con el pensamiento de quienes deban decidir sobre prioridades y etapas. Una primera decisión podría ser que no aumentara el desorden lo que implica seleccionar áreas donde sea posible un crecimiento urbano ordenado y susceptible de ser dotado gradualmente de servicios y equipamientos, tal como el programa Mejoramiento Urbano Progresivo (MUP) en Ciudad Guayana. Esta iniciativa requeriría resolver la contradicción entre los datos censales y las estimaciones sobre demanda de viviendas nuevas, así como la certeza sobre los resultados recientes de los programas oficiales.
Otro aspecto es entender una ciudad o un pueblo como una responsabilidad común de sus residentes lo cual significa procurar que la administración y demás responsabilidades municipales como agua, energía, seguridad, aseo urbano y otros sean sostenidas por los contribuyentes, lo que implica pagar por que se consuma. En caso de que haya subsidios, estos deberían quedar explícitos en las facturas para acentuar la responsabilidad común.
Un ejemplo diferente es la renovación de urbanizaciones que ya no son periféricas, factor común en las rezonificaciones arriba mencionadas.
Nuestro declive hacia el desorden urbano perdura en las periferias citadinas y con las falsas rezonificaciones de Los Palos Grandes, El Paraíso, El Rosal, Las Mercedes, Campo Alegre y Los Chorros. El desorden aumenta con el deterioro de lo construido y con la promoción de urbanizaciones aisladas sin obligarlas a desprender la vialidad y los servicios desde redes matrices obligatorias.
El resultado son ciudades hechas a retazos, ineficientes, difíciles de operar y mantener y con fallas que creíamos irrelevantes cuando el petróleo aportaba recursos de sobra para superarlas. Pero ahora, cuando somos un país pobre y de pobres, nos han quedado como herencia ciudades deficientes, que deberemos mejorar para que nos sea grato vivir y trabajar, tarea difícil pero posible si la identificamos bien y adoptamos buenos principios para actuar en base a una estrategia acorde con las capacidades humanas y con los recursos disponibles, no los deseados.
Principios pueden abundar y por ello, lo que sigue solo son ejemplos que pueden coincidir o no con el pensamiento de quienes deban decidir sobre prioridades y etapas. Una primera decisión podría ser que no aumentara el desorden lo que implica seleccionar áreas donde sea posible un crecimiento urbano ordenado y susceptible de ser dotado gradualmente de servicios y equipamientos, tal como el programa Mejoramiento Urbano Progresivo (MUP) en Ciudad Guayana. Esta iniciativa requeriría resolver la contradicción entre los datos censales y las estimaciones sobre demanda de viviendas nuevas, así como la certeza sobre los resultados recientes de los programas oficiales.
Otro aspecto es entender una ciudad o un pueblo como una responsabilidad común de sus residentes lo cual significa procurar que la administración y demás responsabilidades municipales como agua, energía, seguridad, aseo urbano y otros sean sostenidas por los contribuyentes, lo que implica pagar por que se consuma. En caso de que haya subsidios, estos deberían quedar explícitos en las facturas para acentuar la responsabilidad común.
Un ejemplo diferente es la renovación de urbanizaciones que ya no son periféricas, factor común en las rezonificaciones arriba mencionadas.
Unas son simples cambios de zonificación y otras presumen de planes urbanísticos, pero en ambas el resultado es el mismo: aumento del área vendible y de la población residente sin adecuar las dotaciones de vialidad, de servicios públicos y de equipamientos.
Resultado: mayor desorden urbano en lugar de mitigarlo y siempre será así mientras no se entienda que para rezonificar es indispensable un proyecto urbanístico de todos los componentes y construirlos entre todos por ser imposible que cada parcela amplíe la calle, los acueductos y las cloacas que pasen por su frente. Para poner esto en práctica, será necesaria una legislación ad hoc que además de los procedimientos cree una fuente de financiamiento estable y libre de influencias políticas.
vartisg@gmail.com
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