Como teoría es correcto asumir que aumentar el potencial de construcción de un terreno incrementa su valor y las contribuciones al fisco municipal, pero esto ocurre al construir un inmueble, no al cambiar el nombre y las características del uso urbano. Suponer algo diferente denota añoranza por una prosperidad perdida, o confiar más en ilusiones que en realidades, aunque quizás hoy, por escasez de alternativas para invertir, algunos prefieran construir edificios (aunque permanezcan vacíos) que guardar dinero en bancos, expuesto a devaluaciones o a contribuciones imprevisibles. Es cuesta arriba justificar una aparente o efímera seguridad a unos pocos inversionistas, si conlleva el riesgo de desmejorar la calidad de buenas urbanizaciones y afectar sus alrededores.

Parece que vivimos en una época de incertidumbre donde la vida urbana es mediocre y lo único factible es improvisar. Es muy difícil proceder de otra forma cuando los recursos ya no abundan, la información no es confiable y gran parte de los ciudadanos han sido acostumbrados a considerar los servicios públicos y el confort urbano como derechos que no comportan la obligación de contribuir a sostenerlos. Venezuela ya es un país de ciudades y los ciudadanos urbanos compartimos estas anomalías. Corregirlas es el reto y disponemos de recursos: clima benigno todo el año, población joven, territorio amplio y diverso, recursos minerales, agua en abundancia, sol y energía, posición geográfica inmejorable para acceder a todos los mercados, capacidad de producción industrial comprobada y otros factores que permiten reconstruir el país incorporando avances, etapas y experiencias exitosas en otras naciones. Ignorar esta oportunidad puede llevar a que nuestros descendientes se avergüencen por lo que dejemos como sociedad. 

 Renovar el país significa partir de cero desde las condiciones actuales y decidir cómo será en el futuro, responsabilidad común donde dar el ejemplo corresponde a los niveles dirigentes, tanto el nacional como el regional y el local. En los ámbitos municipales proponer aumentar el potencial de construcción sin definir la población futura y con ordenanzas donde se contradicen el total de construcción con las densidades, llevará a que la población y las demandas sean el doble de lo planteado. La guinda de la torta es olvidarse de los costos para rehacer las redes de los servicios públicos, modificar la vialidad y adquirir terrenos para instalar equipamientos, como lo aprobado para Los Chorros. Hoy, ante reacciones de los vecinos, quizás los ediles avaladores de estos instrumentos defectuosos recapaciten y entiendan que la mejoría de las ciudades debe ser bien hecha.