Parados 600 operadores del aseo urbano en Libertador

"La Alcaldía de Libertador adeuda al menos Bs 5,2 millones a los dueños de los camiones recolectores de basura que contrataron las tres empresas que trabajan para Supra Caracas: Proyectos May, Inversiones Danifer 73 y la Constructora EPC 2015. Llevamos siete meses sin cobrar y nuestros camiones están parados", afirmó Pedro Granados, afectado.

La empresa Supra Caracas fue creada a mediados de julio 2011 por el Estado para "resolver" los problemas de recolección de basura en Libertador con una inversión de Bs 111 millones. La estatal es operada por el Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Libertador y el Ministerio del Ambiente. No obstante, para Isabel Ramos, ex-operadora del servicio, la Alcaldía no ha podido con la basura en Libertador porque están parados 200 camiones volteo que operaban 600 personas.

"Hoy las empresas del entorno del alcalde Jorge Rodríguez poseen pocos camiones para atender la demanda en 22 parroquias, y otras que por interés electoral cubren en el municipio Sucre", destacó Ramos.

Los recolectores de desechos sólidos protestaron en junio en la Planta de Transferencia de Las Mayas para exigir el pago de sus salarios. "Paramos nuestros camiones en las puertas de esa empresa, hoy colapsada, y la Policía de Caracas nos agredió y dañó los vehículos. A Luis Bautista le partieron una pierna", dijo Félix Flores, afectado.

El gremio de operadores contratados por las empresas que trabajan para Supra Caracas ha enviado misivas a su directiva, al alcalde Rodríguez (Expediente 8180 HB) y al presidente Hugo Chávez en Miraflores y aún no reciben respuesta segura.

En una reunión sostenida esta semana entre los voceros de las empresas que trabajan para Supra Caracas y los operadores de la basura, se acordó pagar a los afectados el 15 de diciembre si el Banco del Tesoro les aprueba un crédito adicional, pues "no tienen recursos". Pero esa promesa se hace desde hace varios meses sin cumplirla. "Ellos contratan a otras empresas, a las cuales también les deben dinero y trabajan sin ninguna medida de seguridad", afirma Jesús Pérez, afectado.