Decisiones del Gobierno les robaron calidad de vida

Involucrados en diferentes luchas viven bien de cerca la conflictividad política. Está el drama del expropiado que perdió el patrimonio de toda una vida sin indemnización a la vista.

También la desesperación por recuperar un inmueble que fue alquilado en buena fe. Esta angustia embarga a Ana Bellini y a más de once mil propietarios a nivel nacional (casi la mitad en el Área Metropolitana de Caracas). Están las comunidades maltratadas por la decisión del Gobierno de instalar concreteras en zonas residenciales y verdes, sin realizar un estudio de impacto ambiental previo. Contaminación ambiental y sónica, y el paso constante de carga pesada son algunas de las secuelas. Ingrid Palacios cuenta cómo un urbanismo improvisado puede deteriorar la calidad de vida de muchos. Los afectados tienen en común tres cosas: no tienen miedo, esperan justicia y aseguran que hay que seguir luchando.

"Ahora soy un buhonero de la mecánica"

Nelson Rojas es uno de los 26 dueños de estacionamientos y talleres mecánicos del centro de la ciudad que hace 22 meses integran una red de expropiados que aguardan indemnización.

A sus 62 años, Rojas perdió su taller y su vivienda, ubicados de Velásquez a Santa Rosalía y también la posibilidad de tener una vejez tranquila con el patrimonio que construyó durante más de tres décadas.

"Después de 35 años de trabajo ahora soy un buhonero de la mecánica. Reparo los carros en la casa de los clientes y otras veces en la calle, donde haya una sombrita. Para colmo hace tres meses me robaron el carro con todas las herramientas en la avenida Lecuna".

Lo único que le quedó a Rojas fue la promesa de recibir un apartamento de los que construyan en el que era su terreno. Mientras eso llega le asignaron una vivienda de transición en Fuerte Tiuna, en donde vive con su hijo con discapacidad y otras tres familias damnificadas.

"El último acuerdo que nos planteó el Gobierno en agosto fue cancelarnos el precio que tenía el terreno al momento de su adquisición, sin tomar en cuenta la inflación ni las bienhechurías. Nos negamos a firmar ese acuerdo porque la intención era calcular el precio de los inmuebles en base a un decreto nuevo que deprecia nuestras propiedades en 76%".

Para Rojas el procedimiento es ilegal porque los arreglos amigables se firmaron conforme a la Ley de Expropiación vigente "y lo que pretendían pagarnos era apenas 30% del valor de la propiedad que fue calculado por los propios ingenieros de la alcaldía". Esta es la tercera promesa de pago que les hicieron a los expropiados en 22 meses.

"Perdí la salud y no he recuperado mi casa"

Después de un año de gestiones en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, este organismo le entregó a Ana Bellini, de 78 años, una resolución administrativa que indica que su caso debe resolverse en los tribunales municipales.

Desde 2009 está luchando para recuperar su apartamento ubicado en Bello Campo. Mientras su vivienda está ocupada por un inquilino que no le paga hace diez meses, Bellini ha visto su salud deteriorarse. Sufre de úlcera, problemas con el riñón izquierdo y se tiene que operar de los dos ojos. "Perdí la salud y no he podido recuperar mi casa. A esta edad vivo dando tumbos, una semana estoy en casa de un cuñado y otra semana en la casa de mi hermana. Vivo encerrada en un cuarto para no estorbar".

El temor de Bellini es que en los tribunales engaveten su caso. "En teoría en dos audiencias se debería resolver el problema. El juicio debe llevarse a cabo en un tribunal municipal porque se supone que es un proceso rápido. Pero cuando empiezan a faltar las partes todo se retrasa". El caso está en el Tribunal Municipal Vigésimo Segundo de Los Ruices.

"Mi esposo y yo alquilamos el apartamento hace diez años porque tuve que viajar a Europa para cuidar a mi madre que estaba muy enferma. Regresé a Caracas en junio de 2009, cuando mi esposo tenía poco tiempo de haber fallecido. Nunca pensé que recuperar mi única vivienda se iba a convertir en esta pesadilla".

En tres años y medio Bellini ha pagado poco más de Bs 22 mil en condominio. El inquilino, que antes habitaba una vivienda en riesgo, se niega a abandonar el inmueble alegando la falta de ofertas de apartamentos en alquiler.

"Vivimos entre polvo, ruido y enfermedades"

Vilma Garbán vive en frente de la concretera que instaló Odebrecht en el Parque Miranda (avenida Rómulo Gallegos) hace tres años. "La lucha es desigual y no es fácil, tenemos tres años batallando para lograr que reubiquen la concretera pero no hemos podido. Cuando la gente no ve resultados se desanima pero las consecuencias las seguimos sintiendo".

A la hermana de Vilma le dio bronquitis, a su mamá laringitis granulosa y a su hermano conjuntivitis. Su papá murió de cáncer de pulmón el año pasado, y en el 2010 a ella le dio neumonía y estuvo diez días hospitalizada. Aunque Vilma no puede asegurar que todas estas afecciones estén relacionadas con la concretera, la reacción del doctor que la examinó cuando tuvo neumonía fue elocuente. "Mujer, ¿pero dónde vives tú? O te mudas o instalas un purificador de aire en tu cuarto y te encierras".

Vilma compró uno para ella y otro para su mamá. "Antes era peor, salías al balcón y veías las nubes de polvo, ahora ya no es así; sin embargo, la contaminación sigue. Todos los días está la grúa moviendo montañas de tierra. Dejas de barrer y de sacudir un día y se forma una capa blanca en el piso y en los muebles". Las obras no paran ni siquiera en la madrugada, a las 3:00 a.m. llegan camiones tocando corneta y los conductores pegando gritos. "Estás durmiendo y pegas brincos pensando que se está cayendo el edificio por los ruidos".

Un Simoncito cercano también se ha visto afectado. Las madres se quejan de que los niños sufren de alergias y algunas han optado por no llevarlos a la escuela. Loros y guacamayas se quedaron sin sus ramas preferidas pues para instalar la cementera se talaron casi 150 árboles.

"Somos víctimas de un urbanismo improvisado"

"Cuando cae un palo de agua de diez minutos quedamos incomunicados. Nadie puede entrar o salir. Del cerro donde están montados los edificios de El Morro caen cataratas de agua y lodo. El agua nos llega hasta las rodillas", cuenta Ingrid Palacios, vecina de Paulo VI, en Petare Sur.

Para la dirigente comunitaria el origen del caos que hoy viven los 5 mil habitantes de Paulo VI está en la construcción del complejo habitacional El Morro, que el Gobierno Nacional comenzó a levantar en 2003 y donde hoy viven unas 250 familias.

"Al construir el urbanismo le quitaron los cauces naturales a la montaña, no se hicieron las torrenteras ni las canalizaciones para las aguas de lluvias, lo que ocasiona que cada vez que llueve cae una especie de vaguada sobre Paulo VI", una urbanización de interés social que surgió hace 40 años.

Los informes de Funvisis y de la División de Gestión de Riesgos de Protección Civil Sucre son elocuentes. Ambos documentos describen que "debido al movimiento en masa de la montaña en el sector Paulo VI", hay fracturas y grietas profundas en muchas calles y paredes de la urbanización. Lo que Palacios no entiende es cómo se levanta un complejo tan grande en un sector cuya vulnerabilidad se viene denunciando desde 1984.

"Cada edificio de El Morro está montado sobre un talud sin que se construyera una pantalla atirantada. Y en muchos casos ya se observa cómo la montaña se está abriendo", dice Palacios.

A raíz de la construcción del urbanismo el desplazamiento de tierra es continuo. Por el movimiento de la montaña, hay tramos de la avenida principal de Paulo VI que se han ido estrechando.