En Yare I aún hay 750 familiares

Abuelos, mujeres embarazadas y madres extenuadas salieron en pequeños grupos de las instalaciones del Centro Penitenciario de la Región Capital durante el día de ayer. Se conoció que al menos 750 personas, de las 956 que permanecieron desde el fin de semana en la cárcel de Yare I se niegan a salir, por temor a que los efectivos de la Guardia Nacional y del Grupo de Respuesta Inmediata del Ministerio de Servicios Penitenciario, cometan abusos contra la población reclusa, y emprendan traslados masivos.

Trascendió que la lista oficial de reos muertos aumentó a 26, tras la identificación de Miller Frank Piña, de 22 años, quien fue ingresado la mañana de ayer a la morgue de Ocumare con heridas de bala. Pero los testigos se mantienen incrédulos ante la cifra del Ministerio de Prisiones. "No guardo secretos, ahí disparó todo el mundo. La Guardia (Nacional) abrió fuego cuando estábamos en el campo porque había un juego de softbol. Tuvimos que salir arrastrándonos para que no nos mataran", explicó Julio Rodríguez, a pocos minutos de salir del penal.

El visitante relató que el tiroteo se desarrolló en medio de un torneo de softbol en el que habían participado nueve equipos, pertenecientes a las bandas rivales de la cárcel. "Le dije a mi muchacho que no jugara, que no fuera ingenuo, pero él se negó, porque me dijo que había de por medio una palabra deportiva".

Otros familiares decidieron quedarse a las puertas del centro de reclusión para exigir mayor información sobre el estado físico de los internos. Carmen Rivas no vio a su esposo en ninguna de las tres listas que estaban pegadas en la pared de un cafetín cercano a Yare I. Tampoco lo identificó en ninguna de las nueve imágenes de los cadáveres desfigurados que le mostraron en la morgue de la subdelegación del Cicpc en Ocumare del Tuy.

La pareja de Rivas, Pedro Nolasco Ascanio Herrera, era uno de los 70 internos "abnegados" que sobrevivían en el sector conocido como "La Fosa", un vertedero de basura donde los "execrados" se protegían del sol con una sábana. El muchacho tuvo que mudarse al sitio luego de tener un problema, dos semanas atrás, en la llamada "iglesia" (el sector donde viven los evangélicos).

"En La Fosa depositaron los cadáveres una vez que caían. Los mismos presos los metieron ahí. Los guardias los sacaron en camiones de basura y en el carro del Cicpc. Dicen que hubo 25 muertos pero es mentira. Hay más de 50 fallecidos porque allí cayó una granada.", aseguró una dama que salió del penal la tarde de ayer.

La madre de Emmanuel Alejandro Rondón, de 19 años, tampoco localizó a su hijo. Al joven, procesado por hurto, le dispararon en la pierna tras no pagar 100 bolívares para la "causa" (renta para el líder negativo), le ordenaron que se retirara del área de Los Talleres, se cosiera la boca y se fuera con los demás "abnegados" (excluidos) el 5 de agosto. No se sabe de él desde el domingo.

Del infierno a los diablos

Delia Martínez tiene cáncer de colón. Sus días están contados y sangra cada vez que el estrés le come las entrañas. Su hijo de 24 años entró seis meses atrás a la cárcel de La Planta, acusado de haber hurtado un celular a una mujer policía en Parque Carabobo junto a un menor. Sobrevivió a la crisis, ocurrida en mayo en el penal, cobijado bajo la protección de la iglesia evangélica del penal. El destino lo llevó a "La Iglesia" de Yare I. "No sabemos si está vivo porque los pastores ordenan a los varones que salgan con sus biblias en mano a salvar a los presos que están heridos", expresó Martínez, tras mostrar su descontento con el caso de su hijo, en el cual considera que fue sembrada evidencia.

El interno es una de las cien personas que fueron trasladadas al penal mirandino, el tres mayo, tras la clausura de la cárcel de La Planta.

Los reos duermen hasta en el techo. Desde una colina ubicada en el pueblo de San Francisco de Yare se puede observar un campamento improvisado con un centenar de tiendas instaladas en la platabanda de la cárcel. La llamada "Fosa" es otro sector construido a la entrada del penal para paliar la crisis de espacio.

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, en el penal moran 3.150 personas, en un espacio diseñado para 750 reclusos.