En complejos intervenidos siguen las quejas y retrasos

Cuando el Gobierno expropió o dictó medida de ocupación temporal en varios complejos habitacionales de clase media en octubre de 2010 (catorce en todo el país, seis de ellos en la Gran Caracas) y tomó las riendas de los mismos, lo hizo alegando retrasos en la entrega de apartamentos, alza de los precios y quejas de los propietarios. Los precios se han mantenido, pero las quejas y los retrasos siguen a la orden del día.

Cada uno de estos desarrollos (El Encantado, El Encantado Humboldt, San José del Ávila, Terrazas de Guaicoco, Plaza Jardín y El Fortín) tiene una historia distinta. En El Encantado Humboldt, por ejemplo, la misma constructora siguió en el sitio ocupándose de la obra luego de varias negociaciones con el Gobierno, ya hoy todos los apartamentos (380) están listos y la mitad de ellos han sido entregados. En San José del Ávila (Cotiza) y Terrazas de Guaicoco no han existido tantos inconvenientes porque los trabajos estaban muy adelantados cuando el Gobierno se puso al frente de estos complejos. En El Encantado, sin embargo, no se ha podido entregar ni un apartamento de las etapas 3 y 4 (380 apartamentos cada una).

Según explica Joaquín Cano, en el momento de la intervención, la primera y segunda etapas ya estaban casi listas, y faltaban los acabados de la tercera. En la cuarta solo una torre tenía la estructura y estaban las fundaciones de las otras tres. Luego de un año de paralización y de toda una odisea vecinal, se logró que el Gobierno pusiera a andar los trabajos por intermedio del Banco Occidental de Descuento. "No tenemos quejas de la contratista, que logró terminar la estructura de las torres de la cuarta etapa y que ha trabajado bien. En la tercera solo faltan detalles y culminar el estacionamiento", dice Cano, aunque él sigue esperando la entrega de su apartamento y está cansado de vivir arrimado junto a sus hermanos. ¿Fue positiva la intervención? Para él es difícil responder: "La desventaja es que sigo viviendo arrimado y ya tengo dos años en esto. La ventaja es que se mantuvo el precio".

En El Fortín (Guarenas, 640 apartamentos), donde solo faltaban los acabados de ocho de veinte edificios en el momento de la intervención, el Gobierno abandonó las obras hace dos meses alegando falta de dinero y dejó muchas cosas pendientes: en los edificios de ocho pisos no hay ascensor, no hay gas directo, la iluminación de las áreas comunes brilla por su ausencia y el estacionamiento se inunda cuando llueve fuerte y se desborda la quebrada. Afuera todavía se pueden ver los trailers que sirvieron de oficina a los funcionarios de Minvivienda que se encargaron de la obra. Aunque la mayoría de los apartamentos fueron entregados, casi nadie vive allí, muchos fueron saqueados y abundan los carteles de "Se vende" en los balcones. "Yo sé que esta no fue la intención del Presidente cuando expropió a la constructora, pero alguien tiene que responder. Nosotros pagamos, nadie nos regaló nada, y no pagamos para vivir en edificios sin ascensores ni gas directo. Y la amenaza de que invadan está latente, porque aquí solo vive el que no tiene más remedio. El llamado de la comunidad es al Gobierno para que finalice los trabajos", dice René Navarro, que fue uno de los que denunció a la constructora por retrasos en las obras y por aumento de las tarifas.

En Plaza Jardín, en la avenida Libertador, fue necesaria una gran protesta vecinal el 31 de octubre (cuando se cumplía un año de la medida) para que el Gobierno contratara una constructora que pusiera a andar las cosas. Para eso se constituyó un fideicomiso que los vecinos deberán pagar. Además, recuerda que vivieron un año entre el miedo y la angustia: "Eso también fue un precio que debimos pagar, por más que no salga en ningún libro de contabilidad. Creo que no era necesaria la intervención, todo tardó más y pagaremos más".