Jueces de paz y fiscalías facilitan el rescate de la convivencia

La gente quiere palpar la justicia. Por eso los vecinos de Guaicoco, en el municipio Sucre, vieron como un milagro de justicia ciudadana la multa de Bs 4.500 que tuvo que pagar hace dos semanas Manuel Pico, de 25 años, por perturbar la tranquilidad de la zona colocando música a alto volumen.

Este caso y otros siete relacionados con ruidos molestos en los últimos meses estuvieron a cargo de la Fiscalía 4 Municipal del Área Metropolitana de Caracas, ubicada en la calle 2 de La Urbina, edificio Emmsa, un despacho que tiene competencia en las parroquias Petare y Leoncio Martínez y que existe desde diciembre de 2009.

Aunque la primera Fiscalía Municipal del Área Metropolitana se creó en junio de 2008 en la avenida Nueva Granada, todavía muchos ignoran la existencia de estos entes y cómo funcionan.

Hay municipios como Chacao donde la justicia de paz solo ha remitido un caso a los tribunales municipales. Néstor Padrón, juez de paz de Los Palos Grandes, informó que esto ocurrió hace 15 días porque no se logró resolver el problema por la vía del acuerdo y la negociación.

"Aunque la justicia de paz sigue siendo más accesible y expedita, los juzgados municipales son una medida sana para lograr el acatamiento de las decisiones que se toman, ya que los jueces de paz no tienen facultades sancionatorias. Sin embargo, el tema de la tardanza sigue siendo un aspecto a considerar. Del caso que remitimos hace 15 días a la Fiscalía Municipal no supimos nada más. Ignoramos su estatus".

En Sucre, por las características del municipio, son mucho más frecuentes las denuncias ante los tribunales locales. Francisco Hernández, juez de paz de Sucre, explicó que de cada 10 casos que recibe más de la mitad (6 o 7 casos) se corrigen con la primera llamada de atención pero 3 o 4 reinciden y en esos casos es cuando actúa Fiscalía.

A juicio de Hernández, la participación de los tribunales conjuntamente con los jueces de paz ha facilitado el rescate de la convivencia y ha permitido que las personas denuncien con más frecuencia que antes y sin miedo a represalias.

Las fiscalías municipales solo pueden ejercer acción penal en los casos de faltas y delitos cuyas penas no excedan de tres años. Las denuncias más frecuentes que reciben estos entes tienen que ver con ruidos molestos, violencia de género, desobediencia a la autoridad, filtraciones y construcciones ilegales.

Hernández dice que el tiempo que tarde el Ministerio Público en responder no es igual en todos los casos. En los procesos que él ha referido, la Fiscalía Municipal ha respondido a lo sumo en dos semanas. Cuando el acusado no admite su responsabilidad, esto retrasa el fallo.

Algunas veces se dificulta la ubicación de la persona denunciada por la geografía del municipio. Por ejemplo, si vive en San Blas, dar con la persona es más difícil. Todos estas variantes retrasan el trabajo de las fiscalías municipales.

Las comunidades pueden solicitar a estos entes la realización de charlas o foros para aclarar dudas sobre el tema de la municipalización de la justicia. A la fecha, en el Área Metropolitana de Caracas existen cuatro fiscalías municipales. La primera está ubicada en la avenida Nueva Granada, frente al Inces y tiene competencia en las parroquias Santa Teresa, Santa Rosalía, Altagracia y Catedral. Este despacho puede recibir unas 8 denuncias al día.

La segunda funciona en la parroquia Sucre en la avenida Simón Bolívar, Centro Comercial Propatria, nivel 4, local C-3. La tercera en la calle 2 de La Urbina y la cuarta en el Centro Simón Bolívar, Parque Central, mezzanina 1, edificio Catuche.

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