Planteles privados son mayoría

A destiempo y por debajo de lo decretado el año pasado. Así llegó el anuncio sobre el tope para el aumento de matrícula y mensualidades del próximo año escolar, el cual es establecido por el Ministerio de Educación a los planteles privados desde el período 2005-2006.

La resolución, que llegó el 30 de julio, estipuló el porcentaje de aumento en 10% -el más bajo en los últimos ocho años- y coloca en aprietos a las instituciones particulares que han venido respondiendo a una demanda que no satisfacen las dependencias públicas.

Para 2007 el Sistema de Gestión Educativa Nacional mostraba que en Distrito Capital existían 1.579 planteles, de los cuales 838 pertenecían al sector oficial y 741 al privado. En la actualidad, tal como indica la Memoria y Cuenta 2011, existen 1.279 instituciones, 591 que son de dependencia oficial y 688 privada (225 son subvencionados). Y aunque en cifras absolutas ambas tuvieron reducciones, el porcentaje de planteles privados respecto a los públicos pasó de 47 a 54% en un lustro.

En otros municipios de la región capital los datos ofrecidos por las respectivas direcciones de Educación apuntan a la misma dirección: En Chacao hoy hay 51 planteles, de los cuales 35 son privados y 16 oficiales (12 nacionales y 4 municipales); en Baruta, hay 107 particulares frente a 47 gubernamentales (26 nacionales, 10 estatales y 10 municipales) mientras que en Sucre, las oficiales suman 186 (103 nacionales, 36 estatales y 47 municipales) frente a las 165 del sector privado.

De esta realidad están conscientes en la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep), donde además preocupa que el aumento aprobado deje a las instituciones con la soga al cuello.

Yanet Márquez, presidente de Andiep, asegura que han solicitado audiencias al ME para discutir el tema de los topes de aumentos y mensualidades pues las realidades económicas de los planteles varían de acuerdo a los servicios que prestan.

"Hay colegios que a nivel nacional están cerrando porque no pueden con los gastos. Sin embargo hay que buscar estrategias porque la gran mayoría de los papás saben qué tenemos, qué ofrecemos y cómo cumplimos (...) Y cuando ven que no es así, siempre han podido denunciarlo y exigirlo", dice.

Andiep no ha reportado clausura de planteles en Caracas, cosa que sí ha ocurrido en la Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep), que ha visto cómo cinco de sus 90 agremiados en la capital han cerrado sus puertas y otros 15 optaron por bajar la calidad; es decir, reducir personal, eliminar actividades y aumentar el número de estudiantes por aula.

"El 70% del gasto de los colegios afiliados se va en nómina, porque no es solo sueldos sino tickets de alimentación, seguro social, seguro personal y pago por antigüedad", detalla María Teresa de Curiel, vicepresidente de Cavep, tras explicar que los cálculos deben contemplar regulaciones de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los aumentos de salario que cada año se decretan y la inflación.

El otro 30% se destina a gastos corrientes e infraestructura, una parte se consume en el transcurso del año para mantenimiento menor de equipos como pupitres, colchonetas, baños; y otra porción se usa para el acondicionamiento general (salones, canchas, piscinas) que se realiza a final de año, dependiendo de lo que tenga el plantel. "Todo se hace con tiempo para comenzar en estado óptimo en septiembre, porque si algo aparece mal en las inspecciones también te multa el Distrito", agrega.



Derecho a decidir

"Necesitamos la protección para el cumplimiento de nuestros derechos, y no la injerencia directa en nuestras actividades", acota Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes. "Proponemos hacer esta discusión bajo la figura de Asamblea de Ciudadanos con la comunidad educativa y si los padres dicen que sí están de acuerdo, el acta que se levante incluye las diferencias respecto al criterio del Ministerio de Educación, y se les envía".

Antes de finalizar el año, en muchas instituciones ya se habían acordado los aumentos. Aunque no cumplir con la resolución acarrea multas de hasta 5 mil unidades tributarias, buena parte de los representantes no aceptan las desmejoras o el cierre como opciones. De los privados queda el compromiso de honrar a sus alumnos y también a sus docentes.

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