En una semana cuatro personas recibieron multas por ruidosas

Son pocas las armas con las que cuentan los ciudadanos para enfrentar el ruido. Por eso el asombro y el beneplácito con el que muchas personas reaccionaron el pasado lunes ante la multa que recibió un vecino de Guaicoco, en el municipio Sucre, por poner música a alto volumen en la vía pública.

La acción fue tildada como un "milagro de justicia ciudadana" y una medida "del Primer Mundo". La buena noticia es que después del caso de Manuel Alonzo Pico (25), quien tuvo que pagar una multa de Bs 4.500, la Fiscalía 4° Municipal del Área Metropolitana de Caracas ya sancionó a otras tres personas por perturbar la tranquilidad de sus vecinos, también en el municipio Sucre.

Está el caso de Juliana Ponce León (29), condenada a pagar 30 UT, equivalentes a Bs 2.700 por reproducir música a alto volumen en su puesto de venta de discos compactos, en el sector La Estatua de Petare.

No todas las multas son pecuniarias. Carlos Enrique Ibarra (23), residente del barrio José Félix Ribas en Petare, fue condenado a 120 horas de trabajo comunitario que deberá llevar a cabo en el sector Mesuca de Petare. La supervisión de la medida impuesta estará a cargo del consejo comunal de la zona, en conjunto con la Coordinación de Gestión Social del Ministerio Público.

"El Gobierno podría recabar más dinero en multas por faltas a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana que por el petróleo. Solo bastaría hacer un recorrido por Lomas del Ávila un fin de semana", dice Alfredo Avendaño, vecino de Palo Verde. José Sepúlveda, de Chacao, lo respalda. "Los municipios serían muy ricos si comenzaran a penalizar estas faltas en toda Caracas. En el barrio Agua de Maíz el volumen de la música es extremo".

Francisco Hernández, juez de paz de Sucre, explicó que de cada 10 casos que recibe de personas que perturban la tranquilidad de sus vecinos con ruidos molestos, más de la mitad (6 o 7 casos) se corrigen con la primera llamada de atención pero 3 o 4 reinciden y en esos casos es cuando actúa Fiscalía. "Aunque antes había miedo de denunciar por temor a represalias, ahora lo hacen a menudo".

El primer antecedente de condena al ruido fue en abril, en Los Frailes de Catia, cuando José Velásquez, un albañil de 37 años, pagó Bs 2.250 por perturbar la tranquilidad de la zona con música estridente.