ENTORNO URBANO

Ciudad sitiada
Las concreteras invaden espacios públicos y se disuelven los ansiados parques entre polvo y sílice; vecinos protestan por una "Caracas libre de contaminación". En Catia, se "expropia expeditamente" (a mandarria limpia) para construir viviendas, irrespetando tradiciones de propiedad y trabajo. Opera el amedrentamiento y el desasosiego entre ciudadanos despojados de sus derechos bajo la imposición de grupos ajenos a su entorno, tal como caballos de Troya, invadiendo el ya precario tejido urbano. La improvisación ataca la integridad urbana; incluso, perturba los espacios públicos de esparcimiento como La Concha Acústica de Bello Monte.

Se legisla contra una pretendida "estafa inmobiliaria" desvirtuando la contribución de la promoción privada, aun limitándole los insumos de construcción; convirtiendo al gobierno en exclusivo proveedor de viviendas ejecutadas en forma precipitada y ostentando una flagrante violación de retiros en avenidas, variables urbanísticas y ordenanzas municipales; además del congestionamiento vial, la basura y el irrespeto al peatón.

La vorágine habitacional promovida, bajo el lema de "Otra Caracas dentro de Caracas", además de incrementar los desaciertos en política habitacional y urbanística, exacerba la precariedad de los servicios y creciente escasez de estacionamientos, parques, espacios de encuentro y atenta contra el civismo de las comunidades establecidas. Parece no bastar con el desbordamiento de la delincuencia y el caos urbano generado por colectivos que ocupan la Torre Confinanzas o los damnificados del Sambil; además, se pretende imponerle a la ciudad la incrustación forzosa de focos de población anárquica fuera del contexto.

El sombrío agravio social de la "Gran Misión Vivienda", compromete el futuro de una población empobrecida con baja expectativa de movilidad social y educativa; sometida a una condición de dependencia, a cambio de lealtad política; reafirmándose su vínculo clientelar, que antepone una precaria subsisten- cia frente a la reivindicación del derecho constitucional a la propiedad y la vivienda.

Todo conduce al desarraigo ciudadano: ¿Qué quedará para las futuras generaciones, quienes deberán vivir en ciudades sitiadas, dominadas por la anarquía impuesta sobre las comunidades estables? Los ciudadanos nos preguntamos ¿Dónde quedarán las escuelas, los hospitales, los parques y el ambiente; los servicios públicos, vialidad y estacionamientos? ¿Qué será de nuestra ciudad después de esta avalancha desorbitada de viviendas? Reproducir indefinidamente estos modelos de vivienda, a la vez, desarticulados de su realidad urbana, solo contribuirá al progresivo deterioro de la calidad de vida de toda la población.

Si por contraste, vislumbramos un futuro de planificación y desarrollo inclusivo de comunidades, con la óptica de mas calidad de vida para los ciudadanos, sabremos apreciar la necesidad del rescate y restitución de valores que contribuyan a la construcción de ciudades para la libertad y el progreso social.

mdu@unimet.edu.ve