En una película digna de Broadway se puede convertir el caso de la petición de asilo de Julian Assange- responsable de la filtración de más de 250 mil textos secretos del Pentágono y refugiado en la sede diplomática ecuatoriana, en Londres desde 19 de junio pasado.

Los personajes involucrados son todos muy mediáticos con historias personales, políticas y profesionales rimbombantes: Julian Assange, Rafael Correa -presidente ecuatoriano- y su abogado, el ex juez español Baltasar Garzón. Casi puede pronosticarse una guerra de egos.

También luce como un asunto jurídicamente complicado, que será desde ya, con seguridad, un caso de estudio en las cátedras de derecho internacional público y en las escuelas diplomática de este continente y en Europa. Hay observadores que desde las primeras horas, luego de concedido el asilo diplomático este jueves 16 de agosto lo catalogaron de rompecabezas jurídico como lo destacó el diario francés Le Figaro.  Las naciones involucradas gozan de regímenes jurídicos con referentes legales muy diferentes.

Por ejemplo en América se apela a la Convención sobre Asilo Diplomáticos de Caracas de 1954 en el caso de Assange. Europa se refiere más bien a la Convención sobre Refugiados. De hecho el abogado Garzón pidió su aplicación y el consecuente salvoconducto  fundamentado en la Convención de Ginebra sobre Refugiados y amenazó con recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Gran Bretaña no reconoce ni practica el derecho de asilo que -a su juicio- no debe ser usado en los países donde se acepta como en América Latina como una manera de huir de procedimientos judiciales comunes, aclaró el canciller William Hague. Hacía probablemente referencia al requerimiento de  Suecia de extradición  por delitos sexuales atribuidos al australiano editor de WikiLeaks de 41 años. Hague  precisó además que en su país es respetuoso de los derechos humanos. No hay que olvidar que Assange violó las leyes británicas pues escapó de su detención domiciliara para asilarse en la legación ecuatoriana. No lo dejarán salir. Ecuador podría recurrir entonces a astucias para arroparlo con inmunidad diplomática.

Quito ha subido el volumen sobre una supuesta amenaza de las autoridades británicas de entrar a la Embajada. Teme probablemente la legislación de 1987 que permite entrar a una misión diplomática con permiso de un juez si se comprueban actividades ilegales en la legación. Con ese argumento ha pensado en convocar una reunión de la OEA y de UNASUR. El tejemaneje puede durar días, semanas y hasta meses. El debate apenas se estrena.