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DERECHO INNOVADOR
Por MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ


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Confiscación de bienes a comerciantes

30.05.2013
03:52 PM


El artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público, y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. De forma que por confiscación se entiende la privación de una persona de sus bienes con destino al Fisco Nacional; la autoridad se apropia de ellos por estar relacionados al delito.

El término implica la prohibición de la confiscación y procede a través de vías penales, administrativas y fiscales. La confiscación es el desapoderamiento de parte esencial de los bienes de la persona y al constituir un castigo desproporcionado al incumplimiento de una norma jurídica resulta violatoria al derecho de propiedad (artículo 115 de la Carta Magna). Es una medida confiscatoria, por ejemplo, la sanción impuesta a un comerciante relativa a la exigencia de pago cuyo monto absorba todo o gran parte del capital o renta del obligado.

Cuando el comerciante afirma que sufre de un acto confiscatorio, debe verificar si ha sido víctima de restricción de sus derechos patrimoniales y a la libertad económica. La referida desproporcionalidad en el castigo impuesto al empresario es lo determinante para calificar el carácter confiscatorio de una actuación que se pretende impugnar.

Hay confiscación de bienes cuando se sufre el despojo de la totalidad de los equipos o activos de la empresa, aquellos que forman la infraestructura de la misma. Siendo así, este acto es susceptible de ser atacado en los tribunales de la República. Ello implica exigir el pago por la indemnización de daños y perjuicios ocasionados dado el nivel en que la actividad comercial desarrollada ha sido afectada. Nos preguntan: ¿en qué situaciones se ha denunciado la presunta confiscación de bienes? En fecha reciente resaltan el comercio de licores, las vallas de publicidad, las ventas de alimentos, el rubro farmacéutico y la prestación de servicios. Por último, vista la discrecionalidad del acto confiscatorio, han aumentado las demandas en los tribunales al respecto.

Escritorio Jurídico

Manuel Alfredo Rodríguez, A.C.

asomivis@gmail.com

www.protejase.com.ve
Invadir un terreno o inmueble es un delito previsto y sancionado en el artículo 471-A del Código Penal venezolano; quedan excluidos los bienes destinados a la actividad agraria por sentencia N 1.881 del Tribunal Supremo de Justicia, diciembre 2011. Es el delito de invasión tipificado así: "Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenos, incurrirá en prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.). El solo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarrea la pena anterior rebajada a criterio del juez hasta en una sexta parte. La pena establecida... se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión... Será eximente de responsabilidad penal, además de haber desalojado el inmueble, que el invasor compruebe haber indemnizado los daños causados a satisfacción de la víctima... ".

¿Cuáles son las formalidades a cumplir para que el juez declare procedente la medida de desalojo del inmueble por parte de los invasores? En primer lugar, la víctima debe denunciar la invasión ante el Ministerio Público. Por lo que iniciada la investigación, la Fiscalía ordenará practicar las diligencias para averiguar y hacer constar la comisión o no del hecho punible, con las circunstancias que influyan en su calificación y la responsabilidad de los autores. De seguidas, el abogado de la víctima puede solicitar que se ordene el desalojo del inmueble de las personas que se encuentren en el mismo, y sus pertenencias o cosas, mediante el uso racional de la fuerza pública (Guardia Nacional o policía municipal). Una vez desalojados los invasores y acordadas en el sitio las medidas de seguridad pertinentes, se hará entrega en el acto del inmueble al propietario víctima denunciante.

El dueño del inmueble debe fundamentar la petición del desalojo de los invasores ante la Fiscalía, basado en el artículo 285 de la Carta Magna venezolana, asimismo, de lo dispuesto en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, la solicitud fiscal de desalojo a los invasores de inmuebles exige verificar los requisitos que permiten su aplicación en protección al derecho de propiedad consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La víctima tiene que hacer valer su derecho ante la autoridad competente mediante la denuncia penal con el requerimiento de desalojo de los invasores.

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Manuel Alfredo Rodríguez, A.C.

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En los tribunales es frecuente constatar que los abogados del "optante" denuncian al "vendedor" del inmueble (apartamento, casa-quinta o terreno) por incumplidor del contrato. El demandante (optante) manifestará que llegado el día de la firma del contrato de venta en la oficina del Registro Inmobiliario, el vendedor no acudió. Se infiere que el vendedor se verá involucrado en un juicio penal por la presunta comisión de un delito: estafa, fraude u otro. Aunado a la demanda a intentar por el optante ya que alegará que le incumplieron el contrato, ésta irá acompañada de una orden judicial de prohibición de venta del inmueble para no permitir que el dueño venda a un tercero y evitar que se complique aún más la situación. Las dos partes (optante y vendedor) pueden ejercer sus derechos a tiempo para protegerse.

Nos preguntan: ¿qué tipo de contrato deberá emplearse a la hora de vender un inmueble? El más usado es el contrato de opción de compra con arras. Una de las partes (promitente) se obliga, en relación a la otra (optante), a no vender el inmueble de su propiedad a una tercera persona por un tiempo determinado. Mientras corre el plazo, el optante puede ejercer el derecho que le da la opción de compra (pero, no está obligado a ello), esto se traduce en el pago del saldo del precio de la venta.

En la verdadera opción de compra, una sola de las partes es quien se obliga; la otra no asume compromiso contractual. Así lo ha resaltado el más Alto Tribunal de Justicia en Venezuela: cuando del contrato surgen obligaciones recíprocas para quienes lo suscriben, no se trata de una opción sino que, por el contrario, estamos en presencia de un contrato de venta. ¿Qué significa esto?, ¿qué efectos produce un contrato de opción de compra mal redactado? La consecuencia es que el promitente (vendedor) deja de ser dueño del inmueble y pasa a ser acreedor por el saldo del precio pactado. De forma que el optante (comprador) a cambio de haber entregado las arras o pago parcial del precio es considerado por la ley como el nuevo propietario y podrá demandar en los tribunales el cumplimiento del contrato de venta para consolidar su propiedad.

Cuando el optante entrega las arras al vendedor y más tarde llega el día de la firma del contrato de compraventa ante la oficina de Registro Inmobiliario y la otra parte no asiste: ambos podrán ejercer sus derechos en los tribunales de la República. Por lo general, la parte que demanda primero exigiendo sus derechos obtiene beneficios a su favor.

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Manuel Alfredo Rodríguez, A.C.

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¿Cuáles son las acciones legales a ejercer ante una estafa en el mercado inmobiliario? Cualquier ciudadano que sea víctima de una estafa inmobiliaria puede acudir, asistido por su abogado de confianza, a denunciar los hechos delictivos ante la Fiscalía o Ministerio Público. Los afectados por estafas inmobiliarias deben conocer que tienen derechos por exigir a los promotores de las constructoras o empresas de ingeniería responsables por la obra inconclusa. Están obligados a rendir cuentas de los dineros recibidos por los compradores de inmuebles. El sector inmobiliario se ha visto afectado por la alteración de los precios y las condiciones de la oferta y la demanda, e incluso algunos han cometido el delito de estafa, fraude o usura.

Las estafas o engaños en que hayan incurrido las empresas constructoras denunciadas serán tramitadas por los órganos competentes, entre ellos el Indepabis y el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. Sin embargo, es de resaltar que la víctima de una estafa por la compra venta de un apartamento debe recurrir a la denuncia penal en ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. Significa que ordenado el inicio del proceso penal por la Fiscalía, esta se dedicará a la averiguación y recolección de todos los elementos de convicción (pruebas) existentes. Por su parte, la persona que ha sido denunciada tiene el derecho a proponer un Acuerdo Reparatorio y esto, siempre en presencia del funcionario: fiscal del Ministerio Público. El Acuerdo Reparatorio es el pago de una indemnización económica efectuado por el agente causante del daño a la víctima o compradora del inmueble.

En la actualidad son numerosas las denuncias penales incoadas por los propietarios de inmuebles contra las empresas de construcción dedicadas al ramo inmobiliario en Venezuela. Lo perseguido al formular la denuncia penal o la notificación de los hechos ante Indepabis es procurar la entrega inmediata de los apartamentos en urbanismos intervenidos. Increpan varios sectores bajo el argumento de la negativa de las empresas inmobiliarias de entregar a sus dueños los apartamentos terminados si los compradores no pagan de forma previa el concepto del monto dinerario del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De manera independiente a lo anotado, resaltamos que la verdad se impone: el restablecimiento de la situación jurídica infringida en provecho de los propietarios compradores estafados.

Como abogados en Venezuela sostenemos que en el evento analizado se recomienda que los compradores denuncien ante la Fiscalía o Ministerio Público los ilícitos penales por la venta de inmuebles. Lo cierto es que tanto la denuncia penal y el escrito de la defensa o descargos exigen pericia profesional derivada de la práctica obtenida en casos semejantes.

Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM.
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asomivis@gmail.com



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Manuel Alfredo Rodríguez

asomivis@gmail.com

Abogado UCV (1989). Especialización y Magister Scientiarum en Derecho Penal. Especialización Docencia Universitaria. Doctorado en Derecho Constitucional. Post-Doctorado en la Universidad Fermín Toro (en curso). Estudios Superiores en el IESA y UNIMET. Profesor Universitario Pre y Postgrado USM, UCV y UCAB. Profesor Postgrado Universidad Militar, Maestría en la Escuela Superior de Guerra. Ex-Profesor Corte Marcial de la República. Apoderado de la Universidad Central de Venezuela (2003-2013). Ex-Consultor Jurídico USM. Productor, Director del Programa Derecho Innovador en Radio Rumbos. Locutor UCV y P.N.I. Nº 20.768. Autor del Libro: Heurística del Derecho de Obligaciones. Apoderado de empresas nacionales y extranjeras. Agente de la Propiedad Industrial (SAPI). Fundador y Director del Escritorio Jurídico Manuel Alfredo Rodríguez, A.C., sede en Caracas, Guayana y en las principales ciudades del pais; en Nueva York y Miami, USA. Miembro del Instituto Nacional de Investigación Científica, Universidad Central de Venezuela. Presidente de la Asociación Americana de Abogados (AAA). Diplomado Avanzado Universidad Metropolitana en Sistema de Justicia (UNIMET). Programa Avanzado de la Universidad Católica Andrés Bello, Propiedad Intelectual, SAPI. Visiting Fellowship Program in Law Office New York, N.Y., USA. Diploma Honor al Mérito del Grupo Anti-Extorsión y Secuestro, Venezuela. Diploma Honor al Mérito del Acalde del Municipio Irribarren, estado Lara, Venezuela. Diploma Honor al Mérito del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Venezuela. Diploma y Medalla Militar, Comando del Ejército Ministerio de la Defensa, Venezuela. Reconocimiento otorgado por la Universidad Central de Venezuela. Condecoración Medalla y Diploma de Honor del Colegio de Abogados de Caracas. Condecoración Orden Miguel José Sanz Primera Clase Colegio Abogados de Caracas. Condecoración Orden Bicentenaria del Colegio de Abogado de Caracas. Miembro Directivo Estatutario Legal del Museo Sacro de la Arquidiócesis de Caracas.

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