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DERECHO INNOVADOR
Por MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ


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Fraudes inmobiliarios en Venezuela

31.07.2014 12:00 PM
¿Cuáles son las acciones legales a ejercer ante una estafa en el mercado inmobiliario? Cualquier ciudadano que sea víctima de una estafa inmobiliaria puede acudir, asistido por su abogado de confianza, a denunciar los hechos delictivos ante la Fiscalía o Ministerio Público. Los afectados por estafas inmobiliarias deben conocer que tienen derechos por exigir a los promotores de las constructoras o empresas de ingeniería responsables por la obra inconclusa. Están obligados a rendir cuentas de los dineros recibidos por los compradores de inmuebles. El sector inmobiliario se ha visto afectado por la alteración de los precios y las condiciones de la oferta y la demanda, e incluso algunos han cometido el delito de estafa, fraude o usura. Las estafas o engaños en que hayan incurrido las empresas constructoras denunciadas serán tramitadas por los órganos competentes, entre ellos el Indepabis y el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. Sin embargo, es de resaltar que la víctima de una estafa por la compra venta de un apartamento debe recurrir a la denuncia penal en ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. Significa que ordenado el inicio del proceso penal por la Fiscalía, esta se dedicará a la averiguación y recolección de todos los elementos de convicción (pruebas) existentes. Por su parte, la persona que ha sido denunciada tiene el derecho a proponer un Acuerdo Reparatorio y esto, siempre en presencia del funcionario: fiscal del Ministerio Público. El Acuerdo Reparatorio es el pago de una indemnización económica efectuado por el agente causante del daño a la víctima o compradora del inmueble. Continuar leyendo

Indemnización por accidente de tránsito u otros

31.07.2014 11:51 AM
¿Cómo estima el juez el monto de la indemnización de los daños ocasionados a la víctima del accidente laboral, aéreo, de tránsito o marítimo en Venezuela? Al respecto, en nuestra condición de abogados en ejercicio, nos correspondió examinar la situación jurídica planteada por un ciudadano que manipulando una máquina en su puesto de trabajo perdió la mano derecha. El artefacto venía presentando fallas, pero el trabajador, siguiendo órdenes del supervisor, continuó laborando. La máquina se accionó atrapando la mano del operador, por lo que hubo que amputar y colocarle "una mano cosmética de cuatro dedos". El trabajador demandó a la empresa, pretende cobrarle el pago de la indemnización por daño moral según los artículos 1193 y 1196 del Código Civil venezolano. Al contestar la demanda, los abogados de la defensa reconocen que hubo relación laboral, el monto del salario y que el "percance" sucedió dentro de la jornada de trabajo. No obstante, negaron el pago de la indemnización por cuanto aducen que el accidente no se ocasionó motivado al incumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (Lopcymat) o por tolerarse condiciones inseguras en la sede social. Sostienen que el hecho fatal se produjo por negligencia de la víctima, niegan la existencia del hecho ilícito e increpan que no hay repercusiones psíquicas sufridas por el trabajador. Advierten que el reclamante es quien debe comprobar la causa y consecuencia del accidente, léase los daños y perjuicios. Continuar leyendo

Protección del accionista minoritario

31.07.2014 11:46 AM
¿Qué puede hacer el socio con participación minoritaria que se ve en una situación de abuso? Muchas son las acciones judiciales que la ley venezolana prevé para la protección de sus derechos. A nivel constitucional existe el recurso de amparo, el cual es procedente cuando el resto de los accionistas mayoritarios administradores de la compañía han cometido violación o amenaza de violación de los derechos y garantías del socio reclamante consagradas en nuestra Carta Magna. En el recurso de amparo, se busca que el juez restablezca la situación jurídica infringida y ordene a la parte agraviante que cese en la violación de los derechos constitucionales del demandante: socio minoritario. Es importante saber que si el reclamante gana el recurso de amparo, podrá intentar de inmediato otro juicio. En esa oportunidad tendrá el derecho de pedir que el juez le conceda el pago de una indemnización económica por los daños y perjuicios sufridos por las conductas ofensivas proferidas por los demás socios de la compañía, administradores, gerentes o directores. ¿Cuál otra acción o demanda judicial podría intentar el accionista minoritario? Recomendamos al lector hacer uso de la auditoría legal (due diligence) de la situación particular. De seguidas presentamos varios ejemplos de dictámenes ajustados a derecho al evacuarse segunda opinión legal respecto a la anterior interrogante: la demanda de liquidación o terminación de la sociedad, en razón al principio de que nadie está obligado a permanecer en comunidad o fin de la affectio societatis. Cuando el juez declara con lugar esta petición, de inmediato se ordena la respectiva partición y pago a cada uno de los demás socios copartícipes sobre todos los bienes y activos de la compañía. Nótese que el socio minoritario resultará vencedor, por cuanto alcanzó su objetivo, cual es la división y reparto de sus haberes en la empresa. El socio minoritario también tiene el derecho de reclamar y demandar a la sociedad para que ésta pague lo adeudado por sus prestaciones sociales y conceptos previstos en la Ley Orgánica del Trabajo. Por último, como abogados litigantes en Venezuela sostenemos que es permitida la demanda por responsabilidad civil o daños y perjuicios en contra de los accionistas o directivos abusadores. Continuar leyendo

Cómo crear una franquicia rentable

31.07.2014 11:44 AM
Las franquicias son contratos redactados por una de las partes intervinientes: el que otorga o da la franquicia, llamado franquiciante. La ley que obliga y rige a las partes es ese contrato que suscriben al iniciar la relación (franchise experts lawyers, consultants). Mediante el contrato de franquicia, el franquiciado o quien compra la franquicia, adquiere el derecho de explotar o comercializar las marcas de comercio, patentes, derechos de autor u otros derechos intelectuales o industriales propiedad del franquiciante. En ese sentido es importante poseer los derechos de registro que otorga el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). Subrayamos que en Venezuela, el negocio de las franquicias está sometido a la voluntad de las personas que suscriben tales contratos y no, según se cree, a ley alguna. Significa que el contrato de franquicia establece los derechos y obligaciones del franquiciante y el franquiciado (Heurística del Derecho de Obligaciones). La persona que va a comprar o adquirir una franquicia en Venezuela debe conocer que el contrato de ésta es una sumatoria de diversos acuerdos, entre ellos: convenios de cláusulas de confidencialidad, pactos de distribución de mercancías o bienes y servicios, permisos y licencias de usos o marcas, de logotipos y lemas, pagos de royalty u otros. Continuar leyendo

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Manuel Alfredo Rodríguez

asomivis@gmail.com

Abogado UCV (1989). Especialización y Magister Scientiarum en Derecho Penal. Especialización Docencia Universitaria. Doctorado en Derecho Constitucional. Post-Doctorado en la Universidad Fermín Toro (en curso). Estudios Superiores en el IESA y UNIMET. Profesor Universitario Pre y Postgrado USM, UCV y UCAB. Profesor Postgrado Universidad Militar, Maestría en la Escuela Superior de Guerra. Ex-Profesor Corte Marcial de la República. Apoderado de la Universidad Central de Venezuela (2003-2013). Ex-Consultor Jurídico USM. Productor, Director del Programa Derecho Innovador en Radio Rumbos. Locutor UCV y P.N.I. Nº 20.768. Autor del Libro: Heurística del Derecho de Obligaciones. Apoderado de empresas nacionales y extranjeras. Agente de la Propiedad Industrial (SAPI). Fundador y Director del Escritorio Jurídico Manuel Alfredo Rodríguez, A.C., sede en Caracas, Guayana y en las principales ciudades del pais; en Nueva York y Miami, USA. Miembro del Instituto Nacional de Investigación Científica, Universidad Central de Venezuela. Presidente de la Asociación Americana de Abogados (AAA). Diplomado Avanzado Universidad Metropolitana en Sistema de Justicia (UNIMET). Programa Avanzado de la Universidad Católica Andrés Bello, Propiedad Intelectual, SAPI. Visiting Fellowship Program in Law Office New York, N.Y., USA. Diploma Honor al Mérito del Grupo Anti-Extorsión y Secuestro, Venezuela. Diploma Honor al Mérito del Acalde del Municipio Irribarren, estado Lara, Venezuela. Diploma Honor al Mérito del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Venezuela. Diploma y Medalla Militar, Comando del Ejército Ministerio de la Defensa, Venezuela. Reconocimiento otorgado por la Universidad Central de Venezuela. Condecoración Medalla y Diploma de Honor del Colegio de Abogados de Caracas. Condecoración Orden Miguel José Sanz Primera Clase Colegio Abogados de Caracas. Condecoración Orden Bicentenaria del Colegio de Abogado de Caracas. Miembro Directivo Estatutario Legal del Museo Sacro de la Arquidiócesis de Caracas.

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