A diario nos plantean diversas situaciones jurídicas vinculadas a las aseguradoras, contratos de pólizas de seguro, riesgos y pagos de indemnización por siniestros. Lo importante a destacar es la correcta elección de la empresa de seguro, la cobertura de la póliza y conocer la Ley que rige la materia. El seguro en Venezuela y el pago de la indemnización por accidentes de tránsito, aéreos, navieros u otros, exigen ser revisados por abogados especialistas en el área. La persona asegurada debe saber que el Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas sentencias ha señalado que existe una manera detallada de cómo hay que rechazar los pagos de la reparación de los siniestros por las aseguradoras. En ese sentido, la renovación de la póliza de seguro no constituye un nuevo contrato, según el TSJ no equivale a la emisión de una nueva póliza, por lo que las aseguradoras no pueden cobrar al asegurado cargo alguno por conceptos de gestiones administrativas. Continuar leyendo

En los tribunales es frecuente constatar que los abogados del "optante comprador" denuncian al vendedor del inmueble (apartamento o vivienda) por incumplidor del contrato. El demandante (optante) manifestará que llegado el día de la firma del contrato de venta en la oficina del Registro Inmobiliario, el vendedor no acudió. Se infiere que el vendedor se verá involucrado en un juicio penal por la presunta comisión de un delito: estafa, fraude u otro. Aunado a la demanda a intentar por el optante ya que alegará que le incumplieron el contrato, ésta irá acompañada de una orden judicial de prohibición de venta del inmueble para no permitir que el dueño venda a un tercero y evitar que se complique aún más la situación. Las dos partes (optante y vendedor) pueden ejercer sus derechos a tiempo para protegerse. Nos preguntan: ¿qué tipo de contrato deberá emplearse a la hora de vender un inmueble? El más usado es el contrato de opción de compra con cláusula penal. Una de las partes (promitente) se obliga, en relación a la otra (optante), a no vender el inmueble de su propiedad a una tercera persona por un tiempo determinado. Mientras corre el plazo, el optante puede ejercer el derecho que le da la opción de compra (pero, no está obligado a ello) esto se traduce en el pago del saldo del precio de la venta. Continuar leyendo

Es frecuente observar en el ejercicio profesional las sanciones impuestas a las empresas respecto al pago de multas por la violación de lo regulado en la Ley Orgánica de Aduanas y del Código Orgánico Tributario. Éstas constan en los procesos llevados por los tribunales en lo Contencioso Tributario y la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. El contribuyente, sea persona natural o jurídica, es sometido a las decisiones administrativas emitidas por la División de Operaciones de la Aduana Marítima o Aérea, adscrita al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Estos pronunciamientos se originan a raíz del Acta de Reconocimiento, de Inspección o Visitas realizadas por la autoridad, funcionarios o efectivos de la Guardia Nacional en la sede o domicilio de la empresa investigada. Aunado a lo anterior, el contribuyente podría estar incurso en la comisión de delitos por lo que quedará supeditado a un proceso penal instaurado en su contra ante el Ministerio Público o Fiscalía. En atención a la Sentencia N 5 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (de fecha 24 de enero de 2001), la sociedad mercantil que ha sido castigada con el pago de multas puede ejercer el Derecho a la Defensa e impugnar, rebatir, desvirtuar o revisar el contenido del Acta de Reconocimiento o Inspección y la Resolución de Multa. Sin embargo, es importante que la persona o empresa que ha sido multada haga valer sus derechos constitucionales o legales dentro de la oportunidad establecida para ello. Continuar leyendo

En Venezuela, son pocos quienes recurren a las consultas o asesorías legales con carácter preventivo, vale decir, no es costumbre solicitar información jurídica antes de que ocurra el problema a resolver. Nuestra afirmación deviene del parecer o práctica profesional de los principales bufetes, despachos o escritorios jurídicos que existen en el país. Los comerciantes invierten poco en auditorías jurídicas. Desconocen que estas arrojan en los respectivos dictámenes la verdadera situación legal examinada. Los abogados dedicados a esta área aportan valiosos instrumentos para determinar con exactitud las debilidades y fortalezas de la empresa a constituir o mejor aún, aquella que ya explota una actividad industrial o económica. Continuar leyendo