Desde finales del año 1993 la situación del Banco Latino, uno de las entidades más importantes del sector, con una amplísima red de agencias y sucursales y una importante presencia entre los ahorristas, era objeto de rumores en cuando a su estabilidad económica.

El banco fue víctima de una indetenible sucesión de retiros de depósitos y cierres de cuentas que, a los pocos días de haber comenzado el año, provocaron la intervención del ente bancario y el inicio de una gravísima crisis financiera que marcaría el inicio del segundo mandato de Rafael Caldera.

El Consejo Superior de Superintendencia, integrado por Ruth de Krivoy, presidente del Banco Central de Venezuela; Carlos Rafael Silva, ministro de Hacienda; Roger Urbina, superintendente bancario, y Esperanza Martinó, presidenta de Fogade. En largos debates en busca de salidas posibles a la situación del banco realizados en la sede del BCV y bajo la atención general, decidieron la intervención de lo que para ese momento era la segunda institución bancaria del país. La junta directiva fue disuelta y procedieron a nombrar una junta interventora.

El pánico se apoderó de los ahorristas. Miles de personas tomaron las calles y protestaban diariamente frente a las sedes principales de la institución, en procura de la recuperación de su dinero. La actuación del Estado, bajo el esquema de intervención a puerta cerrada, fue considerada por los especialistas, como uno de los elementos fundamentales, junto a la débil situación de otros bancos, para que se desataran otras corridas y se desembocara finalmente en la fuerte crisis sistémica que implicó en los siguientes meses otras intervenciones y la posterior liquidación de gran parte del sector bancario nacional.

Ni la reapertura del Banco Latino, que no pudo ser reflotado, impidió el terremoto que marcó el desenvolvimiento económico de la nación durante los siguientes años.

En ese sentido, el Gobierno de Rafael Caldera, quien venía de cuestionar muchas de las decisiones de Carlos Andrés Pérez, no pudo desaplicar impuestos como el IVA, aunque sí intentó disminuir su impacto al suspender su aplicación para minoristas, en medio de protestas y llamados a la desobediencia civil.

Por otra parte, en Ruanda, se agrava el enfrentamiento entre los grupos étnicos tutsis, posicionados en el poder, y los hutus, en su mayoría agricultores. La escasez de tierras y la quiebra general del país, entre otras cosas, dieron origen a una matanza perpetrada por los ejércitos hutus, denominada la caza de los tutsis. La historia registró más de 800.000 muertos.

En una espectacular persecución, en otro ámbito, la policía capturó en Los Ángeles al actor y famosa estrella del fútbol americano, O. J. Simpsom, acusado de asesinar a puñaladas a su esposa, Nicole Brown, quien fue encontrada muerta junto a Ronald Goldman.