Caracas.- Los redactores de la Constitución Nacional de 1999, se reunieron hoy para analizar los artículos 23 y 31 de la Carta Magna, que establecen la obligatoriedad de acatar las decisiones que emanan de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Vladimir Villegas precisó que esta decisión tiene una trascendencia no sólo para el caso de Leopoldo López sino para los cientos de inhabilitados que hay en el país. "Este fallo puede ser un precedente para proteger a un integrante de chavismo que pudiese ser víctima de una posible retaliación política en este u otro Gobierno".

No existe posibilidad de no acatar, "la Constitución debe ser respetada, no puede ser letra muerta, ojala que esta Carta Magna que fue aprobada por 135 constituyentes y refrendada por el pueblo venezolano, no sea bautizada ahora como la malquerida", aseguró Villegas.

El equipo redactor agregó que la misma Carta Magna establece sanciones penales para los funcionarios que no acaten el fallo, además advirtió sobre posibles castigos a Venezuela en la comunidad internacional por desacato a un órgano hemisférico como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, Carlos Tablante alertó sobre la posibilidad de que se constituya un Estado paralelo "con una Constitución paralela, dentro de un andamiaje jurídico-político impuesto por un modelo autoritario y militarista, que no está expresado en la Constitución vigente".

"Es insólito que el actual Procurador se niegue a acatar estas disposiciones constitucionales, cuando hasta hace poco en su ejercicio como abogado, asumió la defensa de funcionarios públicos sancionados, denunciando el carácter inconstitucional del artículo 105 de la Ley de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela", agregó.