La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortó al Gobierno venezolano a adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto y garantía del libre funcionamiento de los medios de comunicación y de la expresión crítica o disidente, conforme con tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales Venezuela es Estado parte.

La instancia interamericana, que dirige Catalina Botero, manifestó, a través de un comunicado, su profunda preocupación por la decisión de prohibir temporalmente la circulación del semanario 6to Poder, así como por las ordenes judiciales dictadas en contra de su directora editorial, Dinorah Girón, y la orden de captura contra el presidente de la publicación, Leocenis García.

Para la Relatoría Especial estos hechos "son contrarios a los estándares regionales en materia de libertad de expresión y generan un notable efecto intimidatorio y de autocensura que comprometen no sólo a las personas directamente afectadas sino a todos los medios de comunicación en Venezuela".

La instancia de la CIDH, que el 23 de agosto solicitó información al Estado, abordó la sanción, ya levantada, al semanario que el pasado domingo 21 de agosto publicó un artículo titulado "Las poderosas de la revolución", el cual fue ilustrado con un montaje fotográfico de seis altas funcionarias del Estado venezolano. El objetivo de la publicación, indica el comunicado, era cuestionar una alegada dependencia de los órganos de control en Venezuela, respecto del poder Ejecutivo. La publicación indicaba que cada una de las representantes "cumplía un rol específico dentro del cabaret dirigido por míster Chávez".

El caso de 6to Poder es el segundo en menos de dos meses en el que las autoridades venezolanas aplican el Código Penal para sancionar las expresiones de opiniones críticas o disidentes. El otro caso, recuerda, fue el del exgobernador de Zulia, Oswaldo Alvarez Paz, el pasado 13 de julio, quien fue condenado a dos años de prisión, con el beneficio de libertad condicional, por "difusión de información falsa" tras comentarios realizados en una entrevista televisiva, acerca de investigaciones sobre la supuesta presencia del narcotráfico y grupos armados en Venezuela.

La Relatoría recordó a las autoridades venezolanas que la existencia de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas es condición indispensable para el funcionamiento de la democracia.

Asimismo, destacó que "es deber del Estado crear las condiciones para un debate democrático plural y desinhibido, para lo cual son necesarias garantías de funcionamiento libre de los medios de comunicación y de la expresión crítica o disidente".