Caracas.- Un grupo de investigadores de distintas universidades del país presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, LOCTI, con el argumento de que esta norma está "frenando dramáticamente el desarrollo de la ciencia y tecnología venezolana".

El grupo de científicos está integrado por Marisol Aguilera (Universidad Simón Bolívar), Carenne Ludeña (Universidad Central de Venezuela), Klaus Jaffe (Universidad Simón Bolívar), Félix J. Tapia (Universidad Central de Venezuela), Carlo Caputo (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas) y Benjamin Scharifker (Universidad Metropolitana).

En opinión de estos investigadores "es urgente la declaración de nulidad a la reforma de la LOCTI, por las consecuencias perjudiciales al avance de la ciencia y la tecnología en Venezuela, situación que amerita que el TSJ otorgue de inmediato medidas cautelares mientras se define esta situación, a fin de resguardar los derechos constitucionales de la comunidad científica y de las universidades, institutos y ONGs que se desempeñan en las mismas áreas del saber".

Argumentaron que una de las razones fundamentales para impugnar el instrumento legal "es el sesgo ideológico que establece la Ley, por cuanto consagra en el artículo 1 como su objetivo el promocionar sólo el desarrollo de conocimiento que se enmarque en la creación del Socialismo del Siglo XXI, expresado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007-2013)" .

"Esto significa que sólo aquellas investigaciones o proyectos que tengan esta orientación, contarán con el apoyo del Estado en su autorización, como en la asignación de recursos. Lo cual constituye una clara discriminación hacia la comunidad científica y una pérdida de autonomía para todos los centros de estudios (universidades, ONGs, institutos, etc.) que estén trabajando en beneficio de la sociedad desde diversas ópticas."

Otro tema que fundamenta la inconstitucionalidad de la Ley es "el control irrestricto de la actividad que se otorga al Estado, cuando se le atribuye la administración exclusiva de los fondos que financian la actividad científica investigativa. Explicaron que la reforma de la Ley "excluye la posibilidad de financiar directamente la actividad científica por parte de las empresas, estableciendo la obligación de depositar estas cantidades directamente en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien discrecionalmente administrará el fondo, igualmente aprobará o no proyectos, financiará parcial o totalmente, y podrá condicionarlos a desarrollarse dentro de las premisas del Socialismo del Siglo XXI".

Adicionalmente, la ley pretende la aplicación retroactiva de la contribución tributaria, que los contribuyentes cuyos ejercicios fiscales se iniciaron antes del 16 de diciembre de 2010 deben pagar el aporte al Ministerio a comienzos del ejercicio fiscal 2011. "Esto significa una violación inadmisible al principio de irretroactividad de la ley, ya que dichos contribuyentes habrían realizado una serie de inversiones en proyectos de investigación y desarrollo científico, que no pueden ser de ninguna manera desconocidos en virtud de la aprobación de la nueva ley", señalaron en un comunicado de prensa.

Otro argumento pesentado por los científicos en contra de la LOCTI es que el derecho a la protección de la propiedad intelectual, derivada de la creación científica y tecnológica, quedaría seriamente afectado, ya que se permite que sea la autoridad nacional la que establezca el régimen de propiedad intelectual sobre la creación científica y tecnológica que se desarrolle con recursos aprobados según el régimen contemplado en la LOCTI.