El diputado a la Asamblea Nacional, Abelardo Díaz (Copei-Táchira), denunció que la empresa informática cubana, Albet, a quien el Gobierno de Hugo Chávez asignó un contrato para procesar la cedulación venezolana, apenas tiene en su nómina 10 empleados y no cuenta con la capacidad tecnológica para proveer el software y el chip, por lo que subcontrató el 95% de los servicios a una empresa de capital mixto (holandés y mexicano) llamada Gemalto, que cobrará 40,5 millones de dólares.

El diputado, que integra la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dijo que el martes 2 de agosto solicitarán en la Asamblea Nacional la interpelación del ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, para que explique el por qué de la entrega discriminada de recursos y funciones en todas las áreas al Gobierno cubano.

"Se trata de la cedulación más cara del mundo" dijo el parlamentario en rueda de prensa y recordó que el contrato otorgado a Cuba es por 170 millones de dólares. Por eso calificó el acuerdo como un "megaguiso".

Díaz recalcó el "manejo antipatriótico e irresponsable" del Gobierno al otorgar el control de la cedulación a Cuba y dijo que la Mesa exigirá que el manejo de esa data sea redimensionado en el contrato, para que sea manejado exclusivamente por venezolanos.

"El Gobierno cubano va a poder meterse abiertamente en la data de identificación de los venezolanos, con la posibilidad de hacer cambios y modificaciones en ella y va a poder entregar documentos de identificación venezolanos a ciudadanos de otros países".

Díaz exigió al Gobierno que "no se nos robe la identidad de los venezolanos y que respete la identidad que tenemos".