La Ley de Costos y Precios Justos elimina la libertad económica consagrada en la Carta Magna, según afirmó José Vicente Haro, abogado y experto en derecho constitucional.

"Mi conclusión es que es una ley inconstitucional porque afecta los derechos económicos, la libertad económica", aseguró Haro tras analizar el texto legal publicado en la Gaceta Oficial 39.715 de fecha 18 de julio.

Según explicó, el instrumento jurídico se aparta de la Constitución nacional y responde a los lineamientos del Primer Plan Socialista de la Nación al crear "excesivos controles" y un "aparato represivo" que afectará a las empresas y a las personas naturales.

El razonamiento de Haro está sustentado en el artículo 3 de la ley, el cual señala que serán sujetos de aplicación "las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras que, con ocasión del desempeño de sus actividades dentro del territorio nacional, produzcan, importen o comercialicen bienes, o presten servicios, por lo cual reciban una contraprestación pecuniaria que satisfaga su intercambio".

El también constitucionalista, Gerardo Fernández, coincidió y expresó que nadie escapa al ámbito de la recién promulgada ley. "Es un extenso ámbito de aplicación para controlar toda la actividad tanto de personas como sociedades mercantiles, es la regulación de todo el sistema económico venezolano", indicó Fernández.

A modo de ejemplo, Fernández dijo que prestadores de servicios como un arquitecto o un carpintero están sujetos a una "eventual aplicación de esta ley".

Citó el artículo 43 del texto legal, que establece, entre otras sanciones, la "inhabilitación temporal del ejercicio del comercio, la actividad o profesión" a quienes incumplan la normativa.

Menos autonomía

Con el control de las estructuras de costos y la potestad para fijar los precios máximos de venta al público en determinados bienes, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios alcanza atribuciones que hasta ahora no tenía ningún organismo como la de "emitir criterios sobre la utilización de métodos de gastos, de utilidades, así como de las capacidades instaladas y depuración de costos" de las empresas.

"Lo más interno de las empresas queda bajo control del Estado con esta ley, la actividad económica queda bajo control absoluto del Estado", aseguró Haro.

Esta situación coloca a las compañías en una situación de pérdida de autonomía sin precedentes y supone un control indirecto de las ganancias, según agregó el abogado. "El lucro, la ganancia es el incentivo que mueve al empresario y aquí lo están limitando excesivamente", indicó Haro.

Carácter policial

Para ambos juristas el espíritu "represivo" de la Ley de Costos y Precios Justos es uno de los aspectos más llamativos y derivará en la "discrecionalidad" de los funcionarios a la hora de aplicarla. "Se crean un conjunto de condiciones que van a hacer imposible el ejercicio de la libertad económica y que dan un amplio margen par la discrecionalidad", manifestó Haro.

Por su parte, Fernández sostuvo que la consideración de la Fuerza Armada como un "órgano auxiliar" de la Superintendencia de Costos y Precios, contenida en el artículo 24, es la "militarización" de una actividad civil. "La fuerza armada está para otra cosa, es un paso adelante hacia la militarización, eso es grave, no es normal".

Aunque consideran que el amplio campo de acción que tendrá la ley la convierte en una norma "casi inaplicable", alertan que la misma se empleará para amedrentar a los particulares. "Se crea un aparato represor que puede ser usado para amenazar y acosar a las empresas", apuntó Haro.

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