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Delitos de opinión

La aplicación de delitos de opinión para sancionar a los disidentes, es una circunstancia indefendible

LUIS IZQUIEL |  EL UNIVERSAL
domingo 17 de julio de 2011  12:00 AM

La sentencia mediante la cual fue condenado el dirigente político Oswaldo Álvarez Paz, constituye una evidencia de la existencia de delitos de opinión en Venezuela. Este tipo de figuras son frecuentemente utilizadas por los gobiernos autoritarios para perseguir a la disidencia.

La gran mayoría de los países latinoamericanos, siguiendo las recomendaciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han derogado las leyes que de alguna manera criminalizaban la libertad de expresión. Venezuela es prácticamente el único país del continente que presenta una tendencia contraria. El gobierno de Hugo Chávez está empeñado en silenciar las voces críticas.

Los representantes del oficialismo señalan que en Venezuela hay plena libertad de expresión, porque según ellos aquí cualquier persona puede decir lo que desee. El asunto radica en que este derecho contempla también la garantía de no ser perseguido penalmente luego de manifestar sus ideas. El caso de Oswaldo Álvarez Paz es un ejemplo claro de este tipo de sanciones posteriores

El delito que utilizó el juez para fundamentar la injusta decisión de culpabilidad en contra del exgobernador del Zulia, fue introducido por los diputados oficialistas en la última reforma del Código Penal realizada en marzo de 2005. En esa oportunidad se legisló bajo la concepción del Derecho penal del enemigo.

La aplicación de delitos de opinión para sancionar a los disidentes, es una circunstancia indefendible ante la comunidad internacional. La vigencia de esta modalidad, de hecho punible, es un elemento incompatible con la existencia de la democracia. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH se ha pronunciado consecuentemente en este sentido.

Las instituciones del sistema de justicia, secuestradas por el Poder Ejecutivo, continúan funcionando como armas para la persecución política. Los jueces y fiscales, sin ningún tipo de estabilidad en los cargos, temen ser destituidos y hasta encarcelados si se atreven a contrariar los designios de la "nomenklatura" roja-rojita. El principio de separación de poderes es hoy inexistente en Venezuela.

Con esta inconstitucional decisión el Gobierno venezolano reafirma su condición de forajido en materia de derechos fundamentales.

Twitter: @luisizquiel



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