El martes de esta semana el Banco Central de Venezuela emitió una resolución donde incrementa en seis puntos porcentuales el encaje de las entidades financieras que no participan en la Misión Vivienda.

Con esta medida los bancos que no están en el programa deberán congelar a manera de reserva 23 de cada 100 bolívares recibidos en depósitos.

Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito, entidad financiera que no participa en la Misión Vivienda, considera que esta medida es irregular y por tanto le envió una carta al directorio del BCV solicitando la revocatoria de la resolución.

García Mendoza señala que el aumento del encaje opera como "una medida punitiva" y agrega que "evidentemente no se tomó en cuenta las graves consecuencias perjudiciales que esta medida representa para la sanidad del sistema financiero y para el público depositante en general, sólo por complacer una política de gobierno no monetaria".

Hasta ahora el encaje había servido para crear reservas de liquidez y disminuir o aumentar la cantidad de bolívares en circulación.

El presidente del Venezolano de Crédito considera que la resolución del BCV "además de ilegal es totalmente discriminatoria e irregular. Este juego con el requerimiento del encaje bancario, sin un fin de regulación monetaria, representa un fraude a la ley e influye en forma negativa en la política crediticia bancaria general".

Añade que con esta resolución "el directorio del Banco Central está dispuesto a alterar al sistema financiero con el único objetivo de financiar un programa del Gobierno, imponiendo las aludidas medidas que no sólo resultan contrarias a la naturaleza del encaje, sino además irrazonables y desproporcionadas".

"Ello viola además la autonomía constitucional del Banco Central de Venezuela el cual tiene por mandato formular y ejecutar una política monetaria que logre la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria", indica.

Agrega que el BCV debe rendir cuenta de sus actuaciones, metas y resultados y recuerda que "el incumplimiento sin causa justificada del objetivo y las metas dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas".