Caracas.- Alarmados. Esa fue la reacción de los congresistas republicanos y demócratas del Senado de Estados Unidos al enterarse de las condiciones de salud y la violación a los derechos humanos de 8 de los 22 presos políticos venezolanos.

Así lo informó, en entrevista exclusiva a El Universal, la directora de la organización no gubernamental, Venezuela Awareness Foundation, con sede en Miami- Florida, Patricia Andrade.

Andrade sostuvo una reunión con los representantes republicanos Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del comité de Relaciones Exteriores; Connie Mack, presidente del subcomité para el Hemisferio Occidental y con los senadores por Florida Bill Nelson, demócrata e integrante del Comité de Espionaje, y Marco Rubio, principal republicano en el subcomité para el Hemisferio Occidental.

La primera acción de los senadores norteamericanos se ejecutó el día de ayer cuando Ros-Lehtinen envió una carta a la secretaria del Departamento de Estado de EEUU, Hillary Clinton, solicitando que, "se tomen acciones para lograr la liberación inmediata y urgente, por razones médicas, de 8 personas encarceladas en Venezuela".

"Con la manipulación del Poder Judicial en Venezuela, por parte del presidente Hugo Chávez, que busca avanzar en una autocracia, hay ciudadanos que no están recibiendo la atención médica especializada (...) Urge que el Departamento de Estado demande acciones apropiadas para que estas personas reciban la atención necesaria por su condición de salud", reza la carta.

En la reunión con Ros-Lehtinen y Connie Mack, Andrade hizo hincapié en la salud del ingeniero Alejandro Peña Esclusa, quien padece cáncer pero no ha recibido atención médica apropiada desde su encarcelamiento en julio del 2010 y el ex comisario de la Policía Metropolitana, Lázaro Forero, con un pronóstico de cáncer de próstata.

Asimismo, fue planteada la situación que enfrentó la juez María Lourdes Afiuni, encarcelada en 2009, sometida de emergencia a una operación por una afección en el útero "que casi acaba con su vida". Destacó que actualmente la juez presenta "dos quistes en uno de sus senos e irregularidades en la vejiga".

La lista incluye, además, al diputado José Sánchez Montiel (Mazuco), quien cumple condena de 19 años por homicidio calificado y "padece lumbalgia severa, gastritis e hipertensión"; a los ex funcionarios de la PM condenados por los sucesos del 11 de abril, Arube Pérez y Erasmo Bolívar y los ex comisarios Iván Simonovis y Henry Vivas.

"En todos estos casos quedó sentado que el Gobierno de Hugo Chávez viola el derecho a la salud al no permitir o retrasar los traslados para que ellos (los presos políticos) reciban atención médica", resaltó Andrade, quien fundó Venezuela Awareness Foundation en 2004 con el objetivo de plantear este tipo de denuncias ante instancias internacionales.

La abogada especialista en derechos humanos también trató la situación judicial de Mazuco cuya escogencia como diputada a la Asamblea Nacional por el estado Zulia no impidió que se le realizó un juicio Express, en el que fue condenado a 19 años de prisión sin pruebas concretas.

"Quedó claro que el Gobierno nacional con este caso violó la Constitución de la República y la voluntad popular de miles de personas que eligieron a Mazuco como su representante ante el Parlamento venezolano", expresó.

Andrade compartió con los legisladores una copia del reporte que envió en marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que la delegación estadounidense plantee esos casos.

El planteamiento podrán hacerlo cuando el organismo examine las prácticas sobre derechos humanos aplicadas en Venezuela durante los últimos cuatro años cita que tendrá lugar el próximo 7 de octubre en Ginebra.

En el informe que elevó a la ONU, denuncia que desde que el presidente Chávez asumió el poder en 1999 ha contabilizado "al menos 400 presos políticos", y que la tortura en Venezuela "se ha implantado, perfeccionado y se practica sin que exista el mínimo indicio para que sea erradicada".