La principal meta del Presidente de la República para lograr la reelección en 2012 pareciera ser la resolución del grave problema de la vivienda.

Un déficit superior a 2.500.000 unidades, agravado durante los últimos meses por la inclemencia de las lluvias, patentiza el drama de una inmensa cantidad de venezolanos que van desde la clase media acomodada hasta los grupos más pobres. Esa deuda está conformada por quienes buscan vivienda por primera vez para comprar o alquilar, quienes viven hacinados, quienes habitan en viviendas precarias o construidas en terrenos inestables y peligrosos. La brecha entre la oferta y la demanda aumenta cada año. El crecimiento vegetativo de la población impone construir algo más de 100.000 unidades anualmente para cubrir esa expansión. Si se le agrega la carencia crónica en ese sector, queda claro que para satisfacer el crecimiento natural de los habitantes e ir paliando en un período racional esa carencia acumulada, habría que construir alrededor de 300.000 unidades cada doce meses.

Frente a un reto tan colosal el sentido común recomienda que el Gobierno Nacional, junto con los gobiernos regionales y locales, tendría que activar todos los mecanismos legales, financieros y logísticos para que el sector público y el privado construyan la mayor cantidad posible de viviendas, y aprovechen el conocimiento y la experiencia de esos constructores populares que logran levantar edificaciones en los terrenos más escarpados imaginables. Asegurar el suministro de materiales básicos para la construcción, como cemento y cabillas, flexibilizar los instrumentos financieros para el financiamiento privado, garantizar la propiedad privada y el Estado de Derecho de los dueños de tierras y constructores, promover el acceso al crédito de los potenciales propietarios, promover las negociaciones y acuerdos entre los poseedores de apartamentos e inmuebles y los inquilinos, tendrían que ser parte de las iniciativas del Gobierno.

El camino adoptado por el Ejecutivo corre en dirección opuesta a lo que el buen juicio aconseja. Comenzó por estatizar la producción de acero y cemento; ahora ambos productos escasean, cotizándose en el mercado negro al doble o triple de su valor; construir es mucho más costoso que antes. Convirtió a los constructores privados en culpables a priori de delitos inexistentes; los empresarios de la construcción en vez de dedicarse a levantar casas y edificios, tienen que pasar la mayor parte de su tiempo defendiéndose de las acusaciones de un gobierno inepto y calumniador. En vez de aprovechar el conocimiento y la enorme experiencia endógena -tanto de ingenieros como de maestros de obra, albañiles y obreros rasos- en el área de la construcción, se puso a buscar empresas en Rusia, Bielorrusia, Irán, China; acosa y destruye a los empresarios autóctonos, pero favorece a los constructores de naciones con las cuales Venezuela carece de vínculos históricos de cooperación. No viaja en línea recta para llegar más rápido, sino que navega en circunvalaciones; consecuencia: se construye menos y más caro. Protege de forma abusiva a los arrendatarios y expropia y arruina a modestos propietarios; resultado: desapareció el importante mercado del alquiler de viviendas. En vez de estimular el ahorro por medio de la compra de inmuebles, fomenta el dispendio o, en el mejor de los casos, la compra de dólares.

El corolario de esta larga cadena de desaciertos es que los constructores no construyen, los propietarios de casas y apartamentos no alquilan o se les expropia, los rusos y compañía levantan unos cuantos sucuchos que le cuestan al país una verdadera fortuna, los damnificados siguen deambulando como ánimas en pena, y a esa inmensa masa de venezolanos que necesita una casa digna y confortable, se le sigue engañando con fantasías de prestidigitador de circo decadente.

El país necesita que la Misión Vivienda sea exitosa. El hogar es el centro de la familia. El espacio donde se convive y se sueña. Pero por la forma como ha sido diseñada, terminará siendo Misión Despojo porque a los constructores se les está arrebatando su capacidad para edificar; a los dueños de inmuebles, la propiedad adquirida con sus ahorros; y a quienes buscan una vivienda, la posibilidad real de poseerla, no solo porque el Gobierno es ostensiblemente incapaz de levantarlas, sino porque lo que les otorgan a los beneficiarios son unos papeles que despojan a la propiedad privada de sus atributos.

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