La única regla es que no hay reglas. Durante mucho tiempo esta fue la creencia que la mayoría de los ciudadanos tenían sobre internet y había motivos, porque durante sus primeros momentos la llamada red de redes fue el terreno donde prácticamente se podía decir todo, sin riesgo a replesalias.
Sin embargo, en los últimos años en distintas partes del mundo se han producido hechos que han dado al traste con este mito.
En febrero pasado el gobierno del hoy depuesto Hosni Mubarak sacó a Egipto del ciberespacio, en un intento desesperado por evitar que los jóvenes que encabezaban las revueltas en su contra siguieran organizándose a través de Facebook y Twitter.
Lo ocurrido en la tierra de los faraones puso de manifiesto que el régimen de El Cairo aprendió de lo que casi dos años antes tuvo lugar en Irán. Allí, miles de jóvenes se lanzaron a las calles en contra de la reelección del fundamentalista Mahmud Ahmadineyad y burlaron el bloqueo informativo que las autoridades de la República Islámica impusieron a los medios tradicionales usando las redes sociales.
Antes de estos hechos cuando se hablaba de censura en Internet normalmente se destacaba el caso de Cuba.
En la nación caribeña, los usuarios apenas pueden contectarse al correo electrónico, en buena medida porque las autoridades no han invertido en infraestructura y tampoco permiten el libre ingreso al país de computadoras, por temor a lo que se pueda decir en contra del régimen imperante desde hace más de medio siglo.
China es otro ejemplo de lo que no debe ser. De acuerdo con organizaciones como Freedom House, Reporteros Sin Fronteras u OpenNet. En el gigante asiático hay 119 blogueros detenidos, casi 30 mil funcionarios vigilan lo que sus 400 millones de internautas ven; y las computadoras vienen de fábrica con un software para impedir el acceso a contenidos "dañinos".
Pero no solo países con un cuestionable historial democrático y de respeto a los Derechos Humanos han adoptado medidas contra la libre circulación de ideas en Internet. Australia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, por mencionar algunos, también han establecido algún tipo de mecanismo para evitar que determinados contenidos se difundan por la red o para castigar a quienes lo hagan.
En un reciente informe, OpenNet reveló que el 20% de los sitios censurados en países del primer mundo pertenecían a blogueros, seguidos muy de cerca por las páginas web de partidos políticos (19%).
El informe reseñó que las razones esgrimidas por las autoridades para adoptar tales medidas fueron: Mantener los valores sociales tradicionales, salvaguardar la estabilidad política y proteger la seguridad nacional.
Siguiendo el ejemplo
En marzo del año pasado, el presidente Hugo Chávez afirmó: "La internet no puede ser una cosa dónde se haga y se diga lo que sea, cada país tiene que poner sus reglas" y acto seguido ordenó al Parlamento regular ese espacio al que ya el 30% de los venezolanos tiene acceso regularmante, según cifras oficiales.
La orden no cayó en saco roto y en diciembre los diputados aprobaron una reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para castigar a quienes difundan a través de medios electrónicos mensajes que generen "zozobra" o "desconozcan a las autoridades" y a los medios respectivos.
Esta modificación ha sido criticada por la relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, quien en conversación con El Universal aseveró que la misma viola la Convención Americana de Derechos Humanos.
"El derecho a expresarse en internet solo puede estar sometido a las restricciones que imponga la ley de conformidad con los estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos, los cuales prohíben el anonimato, la instigación al odio y la guerra y cualquier ataque a la reputación. Así, las responsabilidades que surjan por el ejercicio de la libertad de expresión son ulteriores y la censura previa está prohibida, por lo que cualquier filtración del Gobierno u otros actores sobre los proveedores de servicio a Internet no está justificada", sentenció.
Por su parte, Marcelino Bisbal advirtió que la reforma revela "el profundo temor que el Gobierno tiene a los medios", pues "este es un Gobierno que no tolera la critica, porque no asume ninguna responsabilidad y por ello debe neutralizar a los medios, incluidos los electrónicos, los cuales aunque pueden ser controlados, también tienen mecanismos para burlar esos controles, a diferencia de la radio o la televisión".
alerta roja
Para el comunicólogo la reforma abre las puertas a que Venezuela se sume al club integrado por Cuba, China o Irán.
Quienes creen estos señalamientos están fuera de la realidad, pues la organización Espacio Público en su reciente informe sobre la situación de la Libertad de Expresión recordó que en febrero pasado por el comandante de la IV División Blindada, general de brigada Cliver Alcalá Cordones, anunció que investigarían unos mensajes lanzados por Twitter sobre la explosión ocurrida en los depósitos de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim).
"Se hicieron reiterados mensajes a través de las redes sociales de supuestas órdenes de desalojo para las personas que viven en Caña de Azúcar, lo cual es falso (...) así que procederemos a ejecutar las acciones correspondientes porque definitivamente se está incurriendo en un delito de exacerbar los ánimos", afirmó el oficial.
Hasta el momento no ha trascendido nada de esta averiguación, pero no hay que olvidar que en 2010 ya fueron detenidas dos personas y se les abrió un procedimiento por supuestamente difundir mensajes falsos sobre el sistema financiero.
Por último, Botero espera que la actitud de las autoridades venezolanas cambie y que asuman el gran potencial que las nuevas tecnologías de la información tienen, para combatir la corrupción administrativa, por ejemplo.
jalonso@eluniversal.com
