Hasta hace pocos días, la labor que realizaban los otrora conserjes era concebida como una "forma contemporánea de esclavismo". Por lo menos así lo considera la recién promulgada Ley especial para la dignificación de trabajadoras y trabajadores residenciales que, el pasado 6 de mayo, entró en vigencia. El instrumento pretende hacer una reconcepción de esta figura que ahora será concebida como un "trabajador residencial" que, según el artículo 4, "tiene a su cargo la limpieza y aseo de las áreas comunes de un inmueble destinado a viviendas multifamiliares, establecimientos y oficinas".

Y aunque para muchos de quienes ejercen el oficio se trata de una novedad, para Tibaire Altuve, abogada especialista en derecho laboral, no hay grandes innovaciones en una ley que lo que hizo, a su juicio, fue "recoger todas las normas que estaban en varias leyes para concentrarlas en una sola".

Considera positivo el reconocimiento que ahora sienten los trabajadores pero cree erróneo pensar que antes del 6 de mayo no existían beneficios laborales como los de maternidad, vacaciones y seguro social; pues la actividad de los conserjes estaba regulada por la Ley Orgánica para el Trabajo en sus artículos 292 al 290.

Reconoce que las reglas internas de muchos condominios marginaron el oficio y rescata que, por ejemplo, sea la comunidad de residentes quienes ejerzan el papel de patrono y no la administradora. En consecuencia, en caso de cese de relaciones laborales la decisión debe ser tomada por el conjunto y no por una persona.

Destaca la "protección especial para adultos mayores" a quienes, en retiro, el Ejecutivo deberá garantizar vivienda si no tienen una propia.

Por otro lado, asevera que la ley deja claro (artículo 22) que el trabajador ocupa el inmueble de manera temporal y que debe regirse por las mismas normas de los residentes. Desmiente así que quienes cesen sus funciones puedan quedarse con la vivienda.

No obstante, resalta que hay una "laguna" porque al otorgar un plazo mínimo de desocupación de tres meses sin que tenga que prestar servicio, no se prevé en qué condición queda la persona que opta al puesto quien entrará como suplente. "Se pensó en el que estaba y no en el que viene, que también tiene los mismos derechos", dice.

Altuve lamentó que no se hizo una consulta que incluyera a la Cámara de Administradoras, a los consejos comunales y demás grupos vecinales. "Habrá que ver cómo se desarrolla en la práctica porque mucho se resolverá sobre la marcha", dice. Seis meses es el lapso que ahora tienen los patronos para ajustarse a la nueva norma, así como el tiempo con el que cuenta el Gobierno para dictar el reglamento correspondiente.