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DERECHO INNOVADOR
Por Manuel Alfredo Rodríguez


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Interdicción vs. inhabilitación

09.05.2011
01:50 PM


La incapacidad es la excepción, hay que probarla en el proceso judicial respectivo

En algunas oportunidades actuando como abogados litigantes, hemos escuchado de nuestros representados que desean solicitar la interdicción por demencia de un familiar. Precisamos que la interdicción difiere de la inhabilitación. La primera, es requerida ante la presencia del notado de locura, alude a la deficiencia mental grave, al perturbado o quien sufre defecto psíquico demostrado en un juicio. Por el contrario, hablamos del inhábil cuando la deficiencia es leve, no duradera. Pues bien, conforme a derecho, hasta tanto un tribunal no declare a la persona como "entredicho o inhabilitado", la Ley presume que goza de absoluta capacidad para gobernar su persona y bienes. La capacidad se presume, es la regla. La incapacidad es la excepción, hay que probarla en el proceso judicial respectivo. Todos somos capaces ante la Ley mientras no se declare lo contrario por sentencia definitivamente firme. Más aún, la persona con evidente rasgos de "retraso" se reputa capaz, salvo que exista una sentencia que dicte lo contrario. Es antijurídico imputar "inhábil" a quien no ha sido declarado como tal por un tribunal.

La tutela del entredicho derivada de la sentencia de interdicción, priva al mayor de edad de la capacidad que la Ley presume en él. Ello exige acreditar en juicio que el sujeto padece defecto psíquico, mental o intelectual grave, habitual o permanente; es irrelevante que tenga momentos de lucidez, Art. 393 del Código Civil. El entredicho quedará sometido al régimen legal de representación y protección de sus bienes, bajo la administración y guarda del tutor. El juez decidirá si hay locura en virtud al informe de los expertos, Art. 733 del Código Procedimiento Civil. Tienen legitimación para demandar por este juicio: El cónyuge del señalado de la supuesta incapacidad y cualquier pariente e incluso terceras personas, por ejemplo, el Ministerio Público.

El procedimiento judicial para la declaratoria de interdicción (entredicho, tutor) inicia por demanda identificando al presunto de demencia, los hechos y las pruebas. Se pide que sea declarado entredicho y se organice la tutela. Acto seguido el juez nombrará dos expertos para examinar e interrogar al indiciado y oirá a cuatro parientes. Dictada la sentencia de Interdicción Provisional se nombrará al "Tutor Interino". Más tarde, devendrá la providencia que podría decretar la Interdicción Definitiva o declarar Sin Lugar la solicitud, en cuyo caso es procedente nueva demanda. Al ser acordada la interdicción, a partir de esa fecha la persona se considera incapaz con efectos retroactivos, quiere decir que los actos celebrados por el entredicho de fecha anterior a la sentencia, son anulables. La interdicción busca impedir que el demente dilapide su patrimonio.

Distinta es la petición de declaratoria de inhabilitación judicial por enfermedad o defecto mental menos grave. Aplica en determinadas situaciones: por pérdida de la memoria; senectud; drogadicción; alcoholismo; debilidad de entendimiento; retraso mental o prodigabilidad (heredero que disipa los bienes de forma desproporcionada). Conlleva el régimen de asistencia; más no el de representación. Significa que el mayor de edad gobernará su persona pero con capacidad limitada, sólo para ejercer actos de simple administración. Una vez decretada, el inhabilitado será asistido por el Curador.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM.
www.protejase.com.ve



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Comentarios (1)

Por michel kumbas
10.05.2011
1:53 PM

¿Cual seria la diferencia entre Interdicción e Inhabilitación?


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Manuel Alfredo Rodríguez

asomivis@gmail.com

Abogado UCV (1989). Especialización y Magister Scientiarum en Derecho Penal. Especialización Docencia Universitaria. Doctorado en Derecho Constitucional. Post-Doctorado en la Universidad Fermín Toro (en curso). Estudios Superiores en el IESA y UNIMET. Profesor Universitario Pre y Postgrado USM, UCV y UCAB. Profesor Postgrado Universidad Militar, Maestría en la Escuela Superior de Guerra. Ex-Profesor Corte Marcial de la República. Apoderado de la Universidad Central de Venezuela (2003-2013). Ex-Consultor Jurídico USM. Productor, Director del Programa Derecho Innovador en Radio Rumbos. Locutor UCV y P.N.I. Nº 20.768. Autor del Libro: Heurística del Derecho de Obligaciones. Apoderado de empresas nacionales y extranjeras. Agente de la Propiedad Industrial (SAPI). Fundador y Director del Escritorio Jurídico Manuel Alfredo Rodríguez, A.C., sede en Caracas, Guayana y en las principales ciudades del pais; en Nueva York y Miami, USA. Miembro del Instituto Nacional de Investigación Científica, Universidad Central de Venezuela. Presidente de la Asociación Americana de Abogados (AAA). Diplomado Avanzado Universidad Metropolitana en Sistema de Justicia (UNIMET). Programa Avanzado de la Universidad Católica Andrés Bello, Propiedad Intelectual, SAPI. Visiting Fellowship Program in Law Office New York, N.Y., USA. Diploma Honor al Mérito del Grupo Anti-Extorsión y Secuestro, Venezuela. Diploma Honor al Mérito del Acalde del Municipio Irribarren, estado Lara, Venezuela. Diploma Honor al Mérito del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Venezuela. Diploma y Medalla Militar, Comando del Ejército Ministerio de la Defensa, Venezuela. Reconocimiento otorgado por la Universidad Central de Venezuela. Condecoración Medalla y Diploma de Honor del Colegio de Abogados de Caracas. Condecoración Orden Miguel José Sanz Primera Clase Colegio Abogados de Caracas. Condecoración Orden Bicentenaria del Colegio de Abogado de Caracas. Miembro Directivo Estatutario Legal del Museo Sacro de la Arquidiócesis de Caracas.

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