Miami.- Los inmigrantes radicados en el estado de Florida (sur de EEUU) tienen hoy la vista puesta en la Asamblea Legislativa estatal por miedo a que dos proyectos para endurecer las leyes migratorias puedan ser aprobados en la última de las sesiones previstas para este año.

Cientos de manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa estatal en Tallahassee, la capital de Florida, con la esperanza de convencer a los congresistas de que desestimen los dos proyectos, uno de ellos aprobado por el Senado el pasado miércoles, reseñó Efe. 

Además, en Miami, varias organizaciones mantienen una vigilia frente a la oficina del líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Carlos López-Cantera, como medida de presión.

El proyecto SB 2040 del Senado y el HB 7089 de la Cámara de Representantes no están incluidos en la agenda de discusiones de hoy, pero aún así los activistas sienten temor.

"Estamos bien tensos, a la expectativa de que no pasen ninguna ley. La verdad que cualquier cosa puede suceder y por eso seguimos en alerta", dijo a Efe Francisco Portillo, director ejecutivo de la Coalición de Organizaciones Latinas por una Reforma Migratoria Integral.

"No están en la agenda, lo que no quiere decir que puedan incluirlos en cualquier momento. Esperamos que eso no suceda y que la mayoría de los legisladores tomen una decisión que sea para el bien del estado", dijo Natalia Jaramillo, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FlIC), a Efe desde Tallahassee.

Una de las razones por la que los proyectos están ausentes hasta el momento de la discusión es la dificultad de obtener en tan poco tiempo las dos terceras partes de los votos necesaria para conciliar la versión del Senado con el texto aprobado en dos comités de la Cámara de Representantes.

El representante republicano William Snyder, quien presentó el HB 7098, que, según portavoces de los inmigrantes, es similar a la polémica ley SB 1070 de Arizona, ha reconocido que es "improbable" que se apruebe hoy algún proyecto.

Ambos proyectos fueron rechazados por organizaciones empresariales de Florida por considerar que tendrán un impacto negativo en la débil economía del estado, que depende en gran parte de los ingresos del turismo y de la agricultura, dos sectores en los que hay una gran presencia de trabajadores inmigrantes.

Florida tiene más de 9 millones de trabajadores y de éstos 600.000 son indocumentados, es decir un 6,6 por ciento del total, una proporción que está por encima del promedio nacional (5,2 por ciento), según datos del Pew Hispanic Center.

El proyecto de Snyder convierte en delito estatal el estar indocumentado y autoriza a la policía a indagar el estatus migratorio de cualquier persona que consideren "razonablemente sospechosa" de no tener documentación en regla.

La otra iniciativa establece que la policía debe revisar el estatus migratorio de toda persona arrestada, incluso antes de ser juzgada por algún delito, y que los indocumentados convictos de delitos no violentos serán deportados.

El texto inicial exigía a las empresas utilizar el programa federal de verificación del estatus migratorio de los trabajadores, pero fue suavizado y ahora propone que esa responsabilidad recaiga en las agencias estatales de empleo.