Washington.- La CIDH ha sacado a Haití de su "lista negra" de países que necesitan mejorar el respeto a los derechos humanos debido a la "especial situación" que atraviesa tras el sismo de 2010, pero ha mantenido a Cuba, Venezuela, Colombia y Honduras.

La presidenta de turno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la estadounidense Dinah Shelton, presentó hoy el informe anual que, entre otras cuestiones, llama la atención sobre aquellos Estados que deben mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos Humanos, informó Efe.

La CIDH, ente independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), mostró preocupación sobre todo por el hostigamiento a periodistas y defensores de derechos humanos, el "alarmante" incremento de la violencia social y por la ley que habilita al presidente Hugo Chávez a legislar por decreto hasta 2012, añadió AFP.

Además de Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras fueron incluidos en el "Capítulo IV", dedicado a aquellos países donde la CIDH rgistra situaciones alarmantes en cuanto a derechos humanos, de su informe sobre la situación en 2010.

Uno de los aspectos más preocupantes en Venezuela es la precariedad del sistema judicial, según el informe.

"El 100% de los 245 jueces nombrados (de enero a octubre de 2010) no habrían sido designados por concurso público", sino por una comisión judicial, lo que los dejó expuestos "a posibles presiones indebidas", señaló la CIDH.

Similar "provisionalidad" presentan los fiscales: todos los nombramientos de 2004 a 2009 fueron hechos sin concurso público, y la situación en 2010 no mejoró, lo que se traduce en investigaciones deficientes.

A lo largo del año pasado, la CIDH recibió información de asesinatos, uso abusivo de la fuerza pública y del sistema penal contra activistas.

Sólo de junio de 2009 a mayo de 2010 habrían muerto al menos 30 líderes sindicales, y las investigaciones sufren retrasos.

Los periodistas han sido blanco de agresiones de parte de agentes del Estado y se han iniciado procesos contra medios y reporteros "luego de que las más altas autoridades del Estado criticaran públicamente su línea editorial", indicó la CIDH.

La Comisión destacó el caso de Globovisión, televisora privada crítica del gobierno, cuyo presidente Guillermo Zuloaga pidió asilo político en Estados Unidos tras huir de Venezuela, donde era procesado por usura y asociación para delinquir.

La CIDH consideró que el gobierno de Hugo Chávez ha tomado acciones "insuficientes" para reducir los niveles de violencia en el país: en 2009 la criminalidad dejó casi 20.000 muertos, según las últimas cifras que maneja la Comisión.

El ente, que criticó también el uso excesivo de Chávez de los mensajes obligatorios por radio y televisión, lamentó que Caracas no le haya permitido realizar una visita al país desde 2002.

Venezuela niega visitas a la CIDH alegando que su secretario ejecutivo, Santiago Cantón, reconoció al breve gobierno de facto instaurado durante el golpe de Estado de abril de 2002.

Desde ese mismo año la CIDH ha incluido a Venezuela en el "Capítulo IV" de su informe.

La CIDH reiteró "su disposición al diálogo" con el gobierno de Chávez, duro crítico de la Comisión y que ha llegado a amenazar con retirarse del organismo.

Con respecto a Honduras, la CIDH constató que el año pasado no mejoraron las "violaciones a los derechos humanos que afectaron gravemente a la población" desde el golpe de Estado de junio de 2009.

En Cuba continúan las "restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento" observadas en las últimas décadas, aunque la CIDH saludó la liberación de decenas de presos políticos.

Asimismo, la Comisión, con sede en Washington, pidió a Estados Unidos poner fin al embargo que mantiene sobre la isla comunista desde hace medio siglo y que generan "impacto" sobre la población cubana.

La CIDH reconoció la "compleja situación" en Colombia, tras décadas de violencia por el conflicto interno, y criticó la continua indefensión de activistas e indígenas ante violentos grupos ilegales y la falta de condenas a agentes públicos en casos de ejecuciones extrajudiciales.

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