Que los sucesos de abril de 2002 dividen hondamente a los venezolanos es una obviedad. En el fondo, seguimos sin saber lo que realmente ocurrió y ello, es la convicción de este escribiente, es un requisito esencial para la reconciliación de la nación. Porque, a no dudarlo, aquellos tres días, del 11, 12 y 13 de abril nos trajeron hasta aquí. El oficialismo ha hecho lo imposible para convencernos, a nosotros y a la bolita del mundo, como escuchaba decir en mi infancia marabina, que aquello fue una gesta epopéyica, con Chávez, en plan de héroe, en el centro del diamante, como el estelar pitcher zurdo que siempre quiso ser. De vuelta a Miraflores en brazos del pueblo que siempre estuvo dispuesto a inmolarse por él.

Claro que esa operación tropieza con la historia que se devuelve terca y que, como la flor del sándalo, decía Confucio, termina por perfumar el hacha que la abate, el hacha que la hiere. De entrada porque para ello la historia oficial debe comenzar por ensamblar las tres fechas -11, 12 y 13 de abril- en una sola, tratándolas sin solución de continuidad. La intención se deduce: esa inmensa muchedumbre de venezolanos que salió a marchar en un número que algunos cifraron en 1 millón de personas, lo habría hecho bajo la consigna del golpe, con lo que se deslegitima, no sólo el liderazgo civil de aquella movilización, sino el sentido democrático de un acontecimiento que logró sacar a la calle a una legión que nunca antes presenció Venezuela, ni acaso otra capital de toda la América. La consigna que la convocaba fue en realidad pedir la renuncia del jefe de Estado. Desde luego que para toda esa operación donde lo simbólico se revela de nuevo con toda su potencialidad, se le impone al régimen pasar de puntillas o hacerse el loco a propósito de tantas cosas, con lo que resulta al final un relato prêt-à-porter, donde conviene borrar unos cuantos capítulos y personajes. Convencerse y convencernos de lo que terminará acaso por no haber ocurrido. Como en aquellas purgas estalinistas o de aquí mismo, en el mar de la felicidad, donde lo primero que acontecía era borrar a los incómodos de la fotografías: Desde Trotski a Hubert Matos y, así, un largo etcétera. Pero en nuestro caso, si fueron personajes incómodos o demasiados enterados y custodios perpetuos -cual notarios de corte- de lo que en realidad pasó, es un secreto guardado bajo siete llaves. En la madrugada del 12 de abril de 2002 aquel triborleado general en jefe, con Venezuela entera escuchándole, decía sin bemoles lo tan sabido ya: "(...) se le solicitó al Sr. Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó". Hoy es el flamante embajador del país ante la República de Portugal. Su pariente, a la sazón, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por carta hecha pública después, renunciaba de esta alambicada manera: "A objeto de facilitar la transitoriedad, la continuidad de las instituciones y el respeto al estado de derecho y la seguridad jurídica, pongo a la orden el cargo de magistrado de la Sala Constitucional y presidente del Tribunal Supremo de Justicia" (EN 2002, p. D-6, nota del periodista Edgar López). Se habla de transitoriedad, para nada de golpe y sí de continuidad de las instituciones y del estado de derecho, que no podría estarse violentando, se deduce, sin que lo denunciara y juzgara, como era su deber funcionarial e histórico, el presidente del máximo órgano judicial del país, en un momento en que presenciábamos una crisis constitucional sin precedentes. El magistrado renunciante es hoy el embajador de Venezuela ante el Palacio de Nariño, como previamente lo fue ante la Santa Sede. Porque las opciones de interpretación no son demasiadas: o el general triborleado anunciante de la renuncia fue el jefe del golpe, por lo tanto, reo del delito de rebelión lo que ameritaba su enjuiciamiento, o mintió abiertamente, o no lo hizo y en efecto hubo una renuncia y con ello se abría el supuesto para la tesis del vacío de poder que hizo suya la sentencia de la Sala Plena Accidental del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 14 de agosto de 2002, decisión que, al mismo tiempo, allanaba el camino para enjuiciar a Hugo Chávez por las muertes y hechos de violencia de aquellos días.

Es verdad que desde el primer momento los venezolanos presenciamos -atónitos en mi caso- el debate sobre si era menester la aparición de la carta de renuncia del jefe del Estado. Como en un acto reflejo, de inmediato pensé qué hubiera ocurrido en Cuba en la madrugada del 1º. de enero de 1959 si el M-26-7 hubiera pospuesto su entrada a La Habana hasta tener en mano la renuncia del general Baptista, o si los perezjimenistas de la época hubieran negado lo inevitable el 23 de enero hasta que apareciera la carta firmada, y ni que decir tiene si el FSLN hubiera exigido lo mismo del general Somoza Debayle. En una excelente nota periodística sobre esta, por tantas razones, célebre sentencia, publicada en la edición de este mismo diario del 06-12-04, Irma Álvarez lo recogía así: " (...) añadió el dictamen que el presidente Chávez 'abandonó' su cargo el 11 de abril y fue trasladado 'porque quiso', desde el palacio de Miraflores hasta Fuerte Tiuna (...) si como dijo el Presidente a monseñor Baltasar Porras, él había decidido abandonar la Presidencia, luego de consultar con sus asesores, y a las nueve de la noche del 11 de abril los reunió para comunicarles su decisión. Acto seguido refirieron que la renuncia del Primer Mandatario fue anunciada por el general Lucas Rincón, 'y en esas condiciones, tampoco puede atribuirse a los imputados la detención arbitraria del Presidente, si en esa oportunidad se trataba de un expresidente, tal como consta en la boleta hecha valer por el fiscal' (...). Cabe reiterar que el fallo de la Sala Plena Accidental habla de 'interrupción del orden constitucional' y no de golpe de Estado".

hvillasmilprieto@gmail.com