La Haya. - La Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal Luis Moreno Ocampo anunció el jueves la apertura de una investigación contra el dirigente libio Muamar Gadafi, es el primer tribunal permanente encargado de juzgar a los autores de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

La CPI, cuya sede está en La Haya, se convirtió en una realidad el 1 de julio de 2002, tras la ratificación del Estatuto de Roma por 60 Estados, citó AFP.

En la actualidad 114 Estados han ratificado dicho estatuto, que es su fundamente jurídico.

La Corte está presidida por el surcoreano Sang-Huyn Song, su fiscal es el argentino Luis Moreno Ocampo.

COMPETENCIAS

Los crímenes que entran dentro de las competencias jurídicas de la Corte son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, entre ellos el exterminio, la esclavitud, la tortura, la violación, las persecuciones por motivos raciales, étnicos o religiosos, la deportación y el apartheid.

El "crimen de agresión" también figura en su estatuto, pero la definición está aún por precisar.

Al contrario de los tribunales creados "ad hoc" para juzgar los crímenes cometidos durante un conflicto en particular, como el Tribunal Penal Internacional (TPI) para la ex Yugoslavia, las competencias de la CPI son intemporales.


FUNCIONAMIENTO

La Corte puede ser solicitada por Estados firmantes del Estatuto de Roma. Su fiscal también puede tomar la iniciativa de investigar un asunto.

En ambos casos, la jurisdicción de la Corte sólo puede ejercerse en el territorio de un Estado firmante del Estatuto de Roma. Su jurisdicción se ejerce sea cual sea la nacionalidad del presunto autor de los crímenes.

El Consejo de Seguridad de la ONU también puede recurrir a la CPI. En ese caso la jurisdicción de la Corte puede extenderse a un Estado no firmante del Estatuto de Roma, como es el caso en la investigación sobre Darfur.

Un Estado que no haya ratificado el Estatuto puede aceptar la jurisdicción de la CPI en un caso en particular.

En virtud del principio de complementariedad, la Corte sólo podrá intervenir si la justicia nacional no puede o no quiere tratar de manera adecuada los crímenes que corresponden a la jurisdicción de la CPI.

La jurisdicción de la CPI no es retroactiva, por eso la CPI sólo puede juzgar crímenes perpetrados a partir del 1 de julio de 2002.


CASOS Y SOSPECHOSOS

El fiscal de la CPI, Moreno Ocampo, lanzó investigaciones en cuatro países africanos: la República Democrática del Congo, (RDC), Uganda, Sudán y la República Centroafricana. De momento ha emitido doce órdenes de arresto y sigue buscando a siete sospechosos fugados.

Cuatro congoleños han sido detenidos y conducidos al centro de detención de la CPI en La Haya: los jefes de milicias Thomas Lubanga, Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, acusados por su responsabilidad en la guerra civil de Ituri (este de la RDC) desde 1999, y el ex jefe rebelde y luego vicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, por los crímenes cometidos por sus hombres en la República Centroafricana.


PRESUPUESTO

La CPI emplea cerca de 700 personas oriundas de unos 90 países. Su presupuesto programado para 2011 se eleva a 103,6 millones de euros (142 millones de dólares.