En la reciente interpelación ante la Asamblea, Alí Rodríguez, con la desfachatez propia de quien se cree con derecho a ordenar una amnesia colectiva, se refirió a la Ley del Servicio Eléctrico de este Gobierno como evidenciando su voluntad y compromiso para solucionar los problemas del sector.

Como tal ley decretada por el propio Presidente de la República el 17 de Septiembre de 1999 basado en la primera de las leyes habilitantes, y eso ya fue hace algo más de 11 años, puede que el ministro creyese que podría hacernos tragar su cuento. Para decirlo sin la vulgaridad que tanto provoca: "¡Míster ministro, ni de broma!".

La exposición de motivos de la ley dice: "En Venezuela necesitamos modificar, ampliar y transformar el contenido de la regulación para promover la competencia allí donde ésta sea posible; al mismo tiempo, garantizar los intereses de los usuarios en cuanto a seguridad, calidad y precio del servicio, allí donde éste mantenga el carácter de un monopolio natural. Por lo tanto, la regulación está orientada a combinar los beneficios y estímulos característicos del mercado, abriendo cauces a la libertad empresarial, con la indispensable exigencia de calidad y seguridad en el servicio… Se consagra como principio general, la formación de capital nacional mediante el estímulo a la participación de los particulares venezolanos".

Y en consecuencia, en su Artículo 3, la Ley establece que: "El Estado promoverá la competencia en aquellas actividades del servicio eléctrico dentro de las que sea pertinente, regulará aquellas situaciones de monopolio donde la libre competencia no garantice la prestación eficiente en términos económicos y fomentará la participación privada en el ejercicio de las actividades que constituyen el servicio eléctrico".

Igualmente se explica: "En la medida en que el mercado establezca los precios en las actividades abiertas a competencia, será más fácil fijarlos en aquéllas donde subsiste el monopolio, de acuerdo con el valor y calidad del servicio que se ofrece. Esto es preferible a los intentos de lograrlo mediante el discutible cómputo de costos que puede prestarse a la subjetividad del administrador y, en consecuencia, a posible fuente de arbitrariedades… De manera que la regulación debe ser elaborada con carácter general, objetivo y global, como es propio de toda norma y no debe admitir dispensas ni tratamientos singulares, ni alteración arbitraria y convencional de las reglas del juego. Estas deben ser claras, estables, bien determinadas y no discrecionales, de manera que las empresas puedan diseñar sus propias políticas de actuación".

El ministro, o no lo entiende, o no se atreve a decirlo, o simplemente nos quiere engañar. Por malo que haya sido El Niño, el desastre del sector eléctrico se debe a las alteraciones arbitrarias de las reglas de juego por parte del cacique de turno. El origen de tales arbitrariedades, fiel a la tradición venezolana, fue, como es costumbre, el increíble aumento en el saldo de la chequera donde el cacique maneja nuestras resultas petroleras a su libre entender y antojo... y se le ocurrió jugar con nuestra electricidad.

Ahora bien, si el problema es que la memoria le falla al ministro, entonces, que se jubile. Por cierto, como ciudadano, me molestó profundamente el tonito de maestro del ministro enseñándonos sobre la importancia de tener balances auditados… a los doce años de no tenerlos él.

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