Informe da cuenta de arremetida del Gobierno contra medios críticos
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Dos mil alocuciones con una duración total de 1.300 horas, equivalente a 54 días completos, han sido transmitidas en cadena nacional de radio y televisión con la voz e imagen del presidente de la República, Hugo Chávez, desde el año 1999 hasta enero de 2010.
La cifra de las transmisiones obligatorias del mandatario se incluye en el informe Ataques a la Prensa 2010 del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y proviene de una investigación realizada por la firma AGB Nielsen.
Según CPJ, "Chávez a menudo hizo uso de cadenas para atacar a medios privados y amplificar la voz del Gobierno".
Según la ONG con sede en Nueva York, en 2010, el Presidente venezolano, "utilizando todas las herramientas del poder a su disposición (...) continuó con su agresiva campaña para silenciar a los medios de prensa críticos".
Recordó que "en la etapa agonizante de la saliente Asamblea Nacional, el Gobierno de Chávez impulsó medidas para restringir los contenidos de Internet y ajustar el control sobre las licencias de radio y televisión".
Añadió CPJ que "con la confianza depositada en tribunales de justicia politizados, el Gobierno prohibió a dos importantes periódicos publicar imágenes de crímenes y violencia en vísperas de las elecciones legislativas de septiembre".
Además, aseguró que "a través de una serie de acciones motivadas políticamente, el Gobierno intimidó a una emisora crítica, Globovisión, y prohibió a otra, RCTV Internacional".
El informe cita las declaraciones de Phil Gunson, veterano corresponsal de la revista The Economist y del diario The Miami Herald. "El Gobierno ha logrado silenciar gradualmente las voces críticas a través de una campaña de intimidación selectiva, el uso discriminatorio de recursos del Estado y el cierre de emisoras independientes", afirmó.
Añadió que las consecuencias para la democracia "son perturbadoras ya que mucha gente tiene acceso sumamente limitado a cualquier voz que no sea la del Gobierno".
Según el Comité para la Protección de Periodistas, "las autoridades venezolanas fracasaron, de modo sistemático, en su intento de realizar revisiones imparciales y transparentes de las licencias de radiodifusión, a menudo adoptando decisiones predeterminadas y motivadas políticamente".
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