Bogotá. - El Gobierno colombiano anunció hoy que creará una comisión de la verdad para beneficiar a unos 17.000 paramilitares desmovilizados y destrabar un proceso con los miembros de los grupos de la ultraderecha armada.

La comisión de la verdad buscará que la confesión de delitos por parte de los desmovilizados sea obligatoria y, por lo tanto, pueda acceder a beneficios jurídicos, reseñó Efe.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, explicó a periodistas que con la iniciativa, presentada este lunes, "se busca configurar en Colombia memoria histórica, por lo cual estas personas deberán concurrir a un proceso de justicia transicional, lo que significa participar del esclarecimiento de la verdad y la reparación".

Ese es el trabajo de la comisión que se establecerá "y que el presidente de la República designará y reglamentará", añadió Vargas Lleras tras la presentación del proyecto.

El Gobierno presentó al Legislativo la nueva iniciativa legal para superar el limbo jurídico de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha armada).

Según la propuesta, se busca que se dicten "disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la Ley" para que pueden gozar de beneficios jurídicos.

Vargas Lleras señaló que los paramilitares desmovilizados "deberán concurrir a un proceso ordinario en donde les será impuesta una pena, que puede ser suspendida si continúan vinculados con el programa presidencial y aceptan las exigencias que dicho programa les impone".

La Corte Constitucional colombiana dejó sin piso la ley aprobada en 2009 por el Congreso que permitía suspender todas las causas penales contra los 17.000 paramilitares rasos que se desmovilizaron entre 2003 y 2006.

El alto tribunal determinó que la norma, conocida como "principio de oportunidad", no se ajusta a la legalidad, viola las reglas de justicia y reparación para las víctimas de esos ex paramilitares, y se convierte en una suerte de amnistía.

Vargas Lleras aclaró hoy que este proyecto sólo beneficiará a los más de 17.000 desmovilizados que entregaron armas entre 2003 y 2006 y no fueron cobijados por el principio de oportunidad, pero sus beneficios se podrán extender a otros integrantes de grupos armados ilegales que no sean culpados de delitos de lesa humanidad.

La iniciativa, con 18 artículos, será tramitada en comisiones tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, y fue enviado por el Ejecutivo con mensaje de urgencia, con el fin de que su aprobación se dé a la mayor brevedad.

El proyecto fue consensuado la semana pasada por el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria durante una reunión extraordinaria en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo).