El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que los delitos imputados a los dirigentes sindicales que enfrentan procesos judiciales por protestar no son proporcionales a las acciones que ejercieron.

Su último informe, que fue debatido en la última reunión del Consejo de Administración del organismo con sede en Suiza, indica que "aunque haya podido haber ciertos excesos (por parte de los sindicalistas), las sanciones deberían guardar siempre proporción con las eventuales faltas cometidas".

El informe se inició gracias a una denuncia entregada hace un año a la OIT por el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep-CVG).

Un grupo de trabajadores de las empresas básicas enfrentan acusaciones como agavillamiento, violación a la libertad de tránsito, instigación a delinquir, apropiación indebida, restricción a la libertad de trabajo e incumplimiento del régimen especial de la zona de seguridad, entre otros.

La organización laboral no entiende el objetivo de las detenciones y de los regímenes de presentación regular ante las autoridades aplicados a los dirigentes, que "pueden tener un efecto perjudicial y disuasorio en el ejercicio de los derechos sindicales".

En tal sentido, la OIT pide que al secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, se le libere "sin demora en espera de la sentencia y que sea debidamente indemnizado por los daños y perjuicios sufridos".

Asimismo, exigió al Gobierno venezolano modificar parcialmente la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación por considerar que la misma afecta el derecho de los trabajadores protestar y a la huelga.

El organismo internacional destaca que el artículo 56 de la normativa habla de las penas de prisión de cinco a 10 años a los responsables de actividades que perturben o afecten "a la organización o funcionamiento de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económica social del país" .

La OIT alertó que existen casos judiciales a trabajadores con retardos procesales. Por ello, conminó al Gobierno a instar al poder judicial a resolver esto.

Igualmente, el organismo se mostró preocupado por el asesinato de cinco dirigentes sindicales, casos sobre los que exigen "identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos de manera que los sindicalistas puedan realizar sus actividades en un clima libre de violencia y miedo". Pidieron a la CTV datos sobre 200 presuntos sicariatos. STP