La Guaira.- En 2005, a Moravia Hidalgo le adjudicaron un apartamento en el edificio 9 del urbanismo Solidaridad Litoral ubicado en la parroquia Urimare del estado Vargas.

Tras cinco años Hidalgo y su familia siguen viviendo arrimados y el papel de adjudicación que le otorgó el desaparecido Fondur esta arrugado y borroso, así como las cabillas y bases del edificio en donde estaría su hogar, cuya construcción sigue paralizada, están llenas de oxido producto del salitre.

"Yo lo único que espero es que el gobierno termine estos edificios antes de que le meta la mano a los últimos urbanismos que expropio. Es cierto que esas empresas que construyen casas son tramposas, pero aquí en Vargas quien me engañó fue el Estado, quien me ofreció casa fue el gobierno" dice la mujer que perdió su casa en el sector Piedra Azul en 1999.

Así como Hidalgo, otros varguenses esperan, con documentos de adjudicación o pre adjudicación, sus viviendas en Solidaridad Litoral (82 apartamentos sin concluir) o en el urbanismo Playa Grande (198 apartamentos sin concluir).

Otros urbanismos de la región ejecutados por el Estado, como Vista Caribe, Martín Vegas y Milenium, esperan por la culminación de caminerias, plantas de bombeo, drenajes y áreas verdes, entre otras obras conexas relacionadas con una mejor calidad de vida.

"Los urbanismos fueron entregados, pero con grandes fallas. Muchos no teníamos agua y debimos pagar cisternas por meses, ni luz en las áreas externas. Al punto que pagamos hasta las luces de nuestras calles de acceso" argumenta Betulio Rivas, un residente de Vista Caribe.

Dueños de nada
Otro engaño que preocupa a quienes habitan los urbanismos levantados por el Estado en la negativa de este de cobrar los créditos ofrecidos y de otorgar títulos de propiedad a quienes los habitan.

"Nos dieron los documentos de adjudicación y listo. Han realizado ya cuatro censos, hemos entregado la documentación un sin número de veces, queremos pagar los apartamentos y el Inavi le da largas al asunto. Hace una semana el Procurador de Vargas ingresó al urbanismo, violentó cerraduras, decía que venía a recuperar inmuebles vacíos, a quienes reclamamos nos respondía que esto no era nuestro, sino del Estado. Eso es un abuso" comenta Carmen Pérez, residente de Playa Grande.

En otros complejos, como Solidaridad Litoral, Playa Grande, Milenium, Martín Vegas y Vista Caribe, nadie cuenta con un aval de propiedad. Los inmuebles tampoco han sido cancelados.

"El año pasado solicitamos información a Inavi sobre la titularidad de nuestros apartamentos, y nos dijeron que estaban esperando a terminar los urbanismos para iniciar el proceso de cobranza y de titularidad de las viviendas", explica Ninoska Gómez, vocera de Hábitat del consejo comunal de Solidaridad Litoral.

"Cuando recibimos los apartamentos pensamos que la incertidumbre de no tener techo culminaría, pero ahora vemos que es la misma: Mientras no tengamos papeles es como una amenaza sobre tu familia, porque no sabemos cuando a un funcionario le dé la gana de volar una cerradura. Esto no es vida" agrega Joan Vieira, quien recibió un apartamento de 68 metros en Playa Grande por su casa de tres plantas en Marapa, la cual fue derribada para hacer la canalización del río en 2007, la cual se acaba de romper hace un mes.