Los partidarios del socialismo bolivariano sostienen que la llegada de la oposición al Parlamento constituye una amenaza al proceso revolucionario. Afirman los hinchas de Lenin que los oposicionistas se encargarán de destruir todas las leyes hechas por y para el pueblo. Adiós revolución.

Frente a este argumento, la oposición promete rescatar la democracia y la libertad. Nada menciona sobre las leyes revolucionarias. En su lugar, señala que hay que mantener la continuidad de los presuntos éxitos del gobierno socialista. Valga decir, la prolongación de las Misiones y los programas sociales.

Sea por mediocridad intelectual, sea por fines electoreros, quienes izan la bandera de la libertad al asumir sus funciones parlamentarias no pueden soslayar un axioma fundamental: es inexorable derogar el ordenamiento jurídico revolucionario para que renazca el Estado de Derecho en Venezuela.

Ningún país será libre ni democrático si sus leyes conculcan derechos fundamentales. Como dijo Frédéric Bastiat, "personalidad, libertad, propiedad: he ahí el hombre". Fuera de toda sutileza demagógica, señala el autor francés, estos tres valores "son anteriores y superiores a cualquier legislación humana".

Los venezolanos, a quienes pretenden acostumbrar a vivir como esclavos, olvidan que sus libertades anteceden a la ley. Cada vez que un Parlamentario, sea cual sea su partido, pasa por alto este principio, se transforma en cómplice de la servidumbre de sus conciudadanos.

La reestructuración del ordenamiento jurídico es una tarea compleja. Las restricciones a la libertad se hallan en la misma Constitución de 1999, norma ilegítima desde sus propios orígenes. No puede olvidarse que la Constitución nació de la superposición de la "soberanía popular" en detrimento del principio de supremacía constitucional de la norma fundamental de 1961.

Si el principal instrumento jurídico del país constituye un atentado a las libertades individuales, ¿qué puede esperarse del resto del ordenamiento? Se pierde de vista el catálogo de normas contrarias al Estado de Derecho. Desde el Código Penal, pasando por diversas decisiones de los tribunales, hasta la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. Todas estas regulaciones violentan la dignidad del hombre.

Preocupa observar la fe ciega en la Ley. Es comprensible que los socialistas adoren las leyes. De hecho, el socialismo invoca la Ley como centro de su poder. ¿Cómo negar la norma, si ésta se transforma en instrumento de sus planes?

Quienes pregonan la libertad, en cambio, deben observar la ley con cautela. Sancionar más leyes no conducirá a la eliminación de la pobreza, la erradicación de la inseguridad, la obtención de puestos de trabajo. No es la hiperinflación legislativa el garante del desarrollo.

Dada la situación actual de Venezuela, la tarea de los legisladores pro libertate se resume en dos acciones: i) desarrollar un gobierno limitado y ii) sancionar leyes cuyo único cometido sea derogar el sistema normativo comunista.

Legislar en nombre de la libertad pero promover leyes socialistas no sólo constituye un error intelectual. Es una ofensa a la larga tradición del pensamiento liberal cuyo cometido principal es la defensa del hombre frente a la sumisión, opresión y expoliación de los gobernantes.

Semejante conducta, a su vez, deja entrever un problema de mayor profundidad: existen muchos enemigos de la libertad dentro de los actores políticos que adversan a la revolución bolivariana. Personas que, formadas con vetustas ideas izquierdistas, se oponen a un hombre mas no a los lineamientos, principios e ideas del sistema propuestos por aquél.

La tradición socialdemócrata, estatista, reguladora, descreída del poder del individuo condujo a los derroteros del totalitarismo. Emular los vicios del pasado sólo servirá para crear las condiciones en las que germine un nuevo caldo de cultivo revolucionario.

Si más de sesenta años de estatismo no han servido para demostrar las implicaciones que tiene la Ley, poco se ha avanzado a pesar de las victorias populares. Se advierte el canto de las sirenas de otros planificadores dispuestos a estafar al pueblo.

Creemos en la cultura liberal, en el Estado de Derecho y en los valores propuestos por el liberalismo clásico. No nos avergüenza decirlo. Y, como buenos liberales, nos atenemos al siguiente aforismo: "Lo que da más seguridad para que sean respetadas las leyes, es que sean respetables".

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