Más de un lustro después de la aprobación de Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, los mexicanos no pueden decir que la misma haya puesto fin a la corrupción en su país, pero si afirman que la misma ha puesto severos obstáculos a aquellos funcionarios que pretenden enriquecerse a costa de los fondos públicos.

La afirmación la hizo María Laura Castelazo, representante del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, quien esta semana estuvo en Caracas para participar en congreso que Transparencia Venezuela celebró esta semana, con el fin de difundir la importancia que tiene para la democracia y la calidad de vida de los ciudadanos el poder revisar los datos que producen los organismos del Estado.

En entrevista con El Universal, la especialista no dudó en afirmar que el acceso a la información pública es un "derecho democrático que todo ciudadano debe poder ejercer".

-En Venezuela la ciudadanía todavía no se concientiza sobre la importancia de este derecho. Muchos se preguntan para qué quiero saber cuánto cuesta la escuela van a construir en mi barrio si lo más probable es que jamás la construyan, porque el dinero se desapareció.

-Lo que es importante es que deja de haber esa presunción de que hay corrupción y puede haber una participación más activa. La gente puede conocer cuáles son los planes del Gobierno, cuánto se va gastar en ellos, cuáles son los plazos para cumplirlos y quiénes son los que los van a ejecutar y si no se cumplen, pues puede reclamar y exigir responsabilidades. Lo que permiten las leyes de acceso a la información pública es empoderar a los ciudadanos y le da herramientas para que ellos puedan reclamar los incumplimientos.

-¿En México ha habido algún cambio desde que se aprobó esta ley en materia de transparencia y combate a la corrupción? ¿La ley ha permitido castigar más eficazmente las irregularidades administrativas?

-El objetivo de la Ley de Acceso a la Información Pública no es per se prevenir la corrupción, sino posibilitar conocer la información que tienen los distintos órganos de Gobierno. Desde que se aprobó la Ley lo que hemos observados es que hay una mayor participación ciudadana. Se pregunta más y se pregunta de manera más específica. ¿Cómo ha contribuido esto a la lucha contra la corrupción? Pues si el funcionario está acostumbrado a entregar cuentas de todo lo que hace, pues eso lo obliga a hacer las cosas bien.

-¿Cree que dificulta la corrupción?

-Así es. Es como un inhibidor, pues la ley no castiga la corrupción, pero sí da herramientas para evitarla. La ley no acaba con la corrupción, pero sí permite que los ciudadanos conozcan las actividades de los servidores públicos que están en las distintas instituciones.

-Uno de los argumentos que se esgrime en Venezuela para no dar determinados datos, como los sueldos o salarios de los funcionarios, es que esa información pertenece a la esfera íntima. Así lo dictaminó el Tribunal Supremo. ¿Cómo resolvieron esta situación ustedes?

-A través de la Ley. La propia Ley establece cuáles son las informaciones que las distintas dependencias gubernamentales tienen la obligación de publicar y entre ellas está el directorio del organismo y los salarios de todos los que laboran allí. El principio es que los salarios de los funcionarios son públicos y la propia Ley también establece que el nombre de toda persona que recibe fondos públicos es público y debe explicarse para qué se utilizaron esos recursos.

¿Informar cuánto gana el presidente de la República, un maestro o un barrendero es un ataque a la intimidad?

-Los funcionarios públicos tienen una responsabilidad social y aunque pudiera invadir su esfera íntima, en el momento en que decidieron ocupar un puesto en la administración del Estado también decidieron estar sometidos al escrutinio de la ciudadanía. Sin embargo, esta supervisión no puede limitarse a los funcionarios públicos, sino que también debe abarcar a quienes contratan con el Estado.

-En 2009 el contralor general de la República justificó la negativa de la administración a informar los ingresos de los funcionarios, indicando que en México esto ha traído como consecuencia un incremento del número de secuestros de funcionarios. ¿Eso es así?

-Ese es el argumento de los servidores públicos que no desean que se difunda sus sueldos. Sin embargo, en México no se considera que hay una relación directa entre la publicidad de esa información y los secuestros. Las condiciones de inseguridad en México son desafortunadamente evidentes. En México hemos llegado a la conclusión de que es muy importante que se conozca quienes están en la nómina y cuánto ganan para hacer transparente la gestión pública.

-¿Cómo se puede proteger el derecho a la intimidad y al honor y al mismo tiempo garantizar el acceso a la información?

-Se puede, pero se tiene que valorar particularmente caso por caso. Hay dos derechos y en cada caso se tiene que valor cuál debe prevalecer. Por ejemplo si se solicita información sobre el estado de salud de un servidor público, para contrastar si en realidad han estado justificadas sus ausencias, pues se puede confirmar que faltó por motivos de salud, pero lo que no se puede hacer es revelar qué padece.

-¿Ha habido mucha resistencia a aplicar la Ley?

-Sí, porque la Ley genera mucho trabajo, porque además del trabajo normal la Ley obliga al funcionario a responder las peticiones de información que formulan los ciudadanos en unos lapsos que ella prevé. Además en nuestros países hay una cultura del secreto que está muy arraigada.