"No hay mejor demostración de la amistad que dar la vida por el amigo", dijo el hermano jesuita de 81 años, José María Korta sobre el temor que le produce la posibilidad de perder la vida en la huelga de hambre que realiza en las puertas del edificio administrativo de la Asamblea Nacional.

El objetivo de la protesta es exigir que el Gobierno respete los derechos consagrados en la Constitución y demás leyes para los pueblos indígenas que habitan en el país, y en especial para la etnia yukpa.

"No les estoy consultando, sólo les estoy participando mi decisión", dijo Korta, fundador de la Universidad Indígena de Venezuela (UIV), cuando abandonó su residencia en Capanaparo, estado Apure, para instalarse en la sede administrativa de la AN. Allí está desde el pasado lunes 18 de octubre junto a Ramón Sanare (58), facilitador agroecológico de la UIV.

Los huelguistas han establecido una serie de peticiones que fueron presentadas ayer durante una rueda de prensa, entre las que destacan poner en libertad a Sabino Romero, Olegario Romero y Alexánder Fernández, yukpas detenidos en octubre de 2009, tras un enfrentamiento ocurrido en la Sierra de Perijá en el que fallecieron dos personas.

La solicitud no responde a intenciones de declarar la inocencia de los detenidos, sino a brindarles la posibilidad de ser juzgados de acuerdo con los procedimientos de administración de justicia propios de su cultura, los cuales escapan al sistema judicial ordinario.

Así queda consagrado en el artículo 260 de la Constitución que reza: "Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos".

Explica Sanare que debe ser el concejo de ancianos indígenas, tal como está contemplado entre los yukpas, el cual determine qué hacer con quienes cometieron ciertos delitos.

Pero la situación judicial es sólo la punta de un iceberg que tiene bases en la demarcación territorial. La confrontación entre los jefes de los clanes se dio por diferencias provocadas porque el cacique Sabino reclamó a Olegario la venta de tierras tradicionales indígenas a los ganaderos.

En ese sentido, el Hno. Korta y Sanare exigen que, una vez restituida la libertad de los tres presos, se realice el proceso de demarcación del territorio indígena contemplado en el artículo 119 de la Carta Magna, el cual debió realizarse "dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución", según la decimosegunda disposición transitoria.

No se trata de una acción en contra del presidente Chávez, a quien el jesuita manifiesta admiración "por las expresiones orales" que en reiteradas oportunidades ha tenido respecto a su política indigenista.

Sin embargo, Korta señala que "durante estos últimos 11 años de Gobierno Revolucionario no se ha sabido o no se ha podido entender el buen manejo e implementación del Capítulo VIII de la Constitución", concerniente a los derechos de los pueblos indígenas.

A cuatro días de iniciada la huelga el panorama les resulta optimista. Han recibido la visita de la Ministra de los Pueblos Indígenas y de la diputada Noelí Pocaterra. Representantes yukpa, específicamente defensores de Sabino Romero, tuvieron ayer una reunión con la Comisión de Pueblos Indígenas y la Comisión de Política Interior de la AN de la que esperan una pronta respuesta respecto a la liberación de los detenidos y el inicio de demarcación del territorio.

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