En un hecho sin precedentes, más de un centenar de organizaciones no gubernamentales venezolanas cerraron filas y se le plantaron al Estado, al cual le exigieron que ponga fin a las investigaciones abiertas contra agrupaciones como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) por haber recibido fondos del extranjero; que anule las decisiones judiciales que pretenden atar su legitimidad a la nacionalidad de su financiamiento y que cese la campaña de desprestigio que los medios públicos mantienen contra algunos activistas pro derechos humanos.

El presidente de Sinergia, Feliciano Reyna, fue el encargado de leer el pronunciamiento, en el que se demanda de las autoridades cambiar su actitud ante las agrupaciones de la sociedad civil y se recuerda el papel desempeñado por ellas en materias como la educación, salud, ambiente, cultura y la defensa de las libertades fundamentales.

En similares términos se pronunció Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic), quien recordó: "¿Por qué se supo que en El Amparo murieron pescadores y no guerrilleros? Gracias a las organizaciones de derechos humanos que en el año 88 demostraron que la verdad oficial no era la realidad. ¿Por qué se conoció que casi 95% de las muertes del Caracazo ocurrieron dentro de sus casas y no en los saqueos? Gracias a las organizaciones que pudieron recopilar información de caso por caso. ¿Por qué se sabe que hay un muerto diario en nuestras cárceles? Gracias al Observatorio Venezolano de Prisiones que documenta rigurosamente lo que ocurre dentro de ellas".

Defienden el apoyo exterior
Aunque desde el Ejecutivo y hasta el Tribunal Supremo se les señala de estar incursas en traición a la patria por recibir recursos desde el exterior, Ortega defendió no solo la legalidad sino la importancia de esos aportes. "Gracias a los fondos de la cooperación internacional es que las madres de la Plaza de Mayo pudieron identificar los restos de muchos de sus hijos asesinados en la última dictadura argentina. ¿Cómo pudo llevarse a (el ex dictador chileno) Augusto Pinochet ante los tribunales? Gracias a las organizaciones de ese país y los fondos que recibieron del exterior (...) Más recientemente está el caso de los falsos positivos en Colombia. ¿Cómo se ha podido estudiar este caso? ¿Con los fondos del gobierno de (Álvaro) Uribe? No, con el apoyo de la cooperación internacional y el trabajo riguroso de las organizaciones colombianas".

Por su parte, el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, explicó que mundialmente las organizaciones no gubernamentales buscan financiarse allende de sus fronteras para mantener su autonomía. "Las agrupaciones civiles no pueden recurrir a las empresas, porque sus intereses son contradictorios y porque ellas participan del poder; y no pueden aceptar fondos del Gobierno nacional porque él puede ponerle condiciones".

Quieren cerrarlas

Por su parte, Rafael Uzcátegui, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), indicó que la política de acoso a las organizaciones no gubernamentales y a los activistas de derechos humanos no son "hechos aislados" sino que forman parte del "contexto general de criminalización de la protesta", la cual persigue "invisibilizar las contradicciones y deficiencias de las políticas públicas".

"¿Por qué se le teme a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y no se procede a investigarlas? ¿Por qué se teme a las víctimas organizadas y no se les da apoyo?", se preguntó Ortega.

El ex presidente de la Corte IDH respondió a estas preguntas afirmando que el Gobierno quiere "asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil (...) Lo que ocurre, a mi parecer, es que el Gobierno desearía que no hubiera organizaciones no gubernamentales sino muy gubernamentales. Aquí lo que se busca es ocupar todos los resquicios de autonomía".