Santiago de Chile. - El gobierno y la oposición pidieron hoy en Chile detener la huelga de hambre que mantienen hace dos meses 34 presos mapuches que luchan por tierras y autonomía para su pueblo.

"La huelga de hambre no es un instrumento legítimo de presión en una democracia", dijo el presidente Sebastián Piñera, en gira por el sur del país. "El gobierno escucha a todos los chilenos", insistió, manifestó DPA.

La postura del mandatario, en medio de un empeoramiento de la salud de varios huelguistas, fue respaldada por la oposición de centro izquierda, la que también instó a concluir la protesta.

La huelga, en medio de una mediación no formal de la Iglesia católica, es mantenida por los mapuches que reclaman por ser sometidos a juicios dobles con una polémica ley antiterrorista.

Piñera, con la oposición del principal partido de gobierno, la Unión Demócrata Independiente (UDI), envió este martes una serie de reformas legales para resolver la situación.

Las propuestas, que son tramitadas por el Congreso de mayoría opositora, buscan evitar que civiles sean juzgados por la Justicia Militar y reciban penas dobles, hecho objetado por Naciones Unidas.

"En Chile no hay focos terroristas. Aquí no está Al Qaida, aquí lo que hay es un pueblo originario que lucha reivindicaciones de tierra", sostuvo el senador socialista Juan Pablo Letelier.

El consenso inicial entre el gobierno y la oposición, sin embargo, no matizó el hecho de que la iniciatva es rechazada por la UDI, lo que fue criticado por la opositora Democracia Cristiana (DC).

"No pueden colocar problemas cuando en la conversación que tuvimos con el presidente la semana pasada comprometieron colaborar para terminar este ayuno que puede tener un desenlace fatal", dijo el diputado de la DC Juan Carlos Latorre.

La crisis entre los mapuches y el Estado no ha podido ser eludida pese a que las autoridades entregaron o regularizaron la propiedad de medio millón de hectáreas a estos indígenas desde 1990.

El nudo del problema es que los mapuches consideran, en base a antiguos títulos de merced, que unas tres millones de hectáreas les pertenecen en el sur del país, zona agrícola, forestal y turística.

También un gran número de ellos no se considera chileno y se declaran en conflicto o guerra con el Estado nacional.

La mayoría de los predios que reclaman los mapuches son hoy propiedad de empresas administradas por los principales grupos económicos del país, que controlan casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) chileno.

La posibilidad de un acuerdo, jamás logrado en la historia independiente del país, enfrenta la dificultad de que la etnia mapuche está fragmentada en 2.200 comunidades, sin un líder común.