Caracas.- Poner fin a las investigaciones abiertas contra Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) por recibir financiamiento desde el exterior, a la campaña de despretigio lanzada contra distintos defensores de Derechos Humanos desde los medios públicos y a los obstáculos puestos a los ciudadanos para asociarse. Estas fueron las exigencias que más de un centener de organizaciones no gubernamentales venezolanas y más de una decena de agrupaciones internacionales le formularon a las autoridades.

En un acto celebrado en el Colegio María Auxliadora de Altamira, representantes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos leyeron un pronunciamiento en el que cuestionaron la política gubernamental hacia ellos.

Para el representante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, el actual ambiente forma parte de la posición gubernamental que busca "criminalizar la protesta" y representa una contradicción, pues "mientras hay un discurso oficial que habla de la contraloría social y del empoderamiento popular se toman medidas que desestimulan la organización popular".

Por su parte, la coordinadora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, defendió el derecho de las organizaciones no gubernamentales a buscar y recibir fondos del exterior e indicó que gracias a esos recursos en países como Argentina se conocieron las atrocidades que cometieron los miliares durante la última dictadura (1974-1982).

En los últimos el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado tres sentencias en las que proscribe la cooperación internacional. Asimismo 40 activistas de Derechos Humanos han sido amenzados o atacados, mientras que 198 sindicalistas han sido asesinados, sin que hasta el momento las autoridades hayan castigado a los responsables.