Caracas.- El Colegio de Abogados de Caracas condenó la investigación abierta en contra de la familia Brito por la muerte del productor agropecuario Franklín Brito, quien falleció luego de someterse a una huelga de hambre durante más de cuatro meses, como medida de protesta ante lo que calificaba como la violación de sus derechos ante las denuncias que formuló respecto a un fundo de su propiedad.

Elinor Montes, directiva del cuerpo colegiado, dijo que la investigación que anunció la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en contra de la familia Brito por supuestamente haberlo inducido al suicidio, "constituye un hecho sin precedentes en la historia jurídica de Venezuela, sólo comparable con la inquisición en los tiempos de la colonia".

Agregó que "es una clara violación del derecho a la protesta y a la libre expresión del pensamiento y de la denuncia, que convierte a la víctima en victimario, lo que significa un hecho preocupante y altamente peligroso".

Enfatizó Montes que en el caso de Brito el Estado "violó los derechos de la protección a la familia, de honor y reputación e infligió tortura psicológica".

Reivindicó la protesta de Brito, quien "lo que quería era que se restituyeran los derechos infringidos y el único método que encontró fue el de la huelga".

Asimismo, afirmó que Brito fue aislado sin las condiciones adecuadas. A su juicio, el Estado es responsable por su muerte y señaló que en el caso, se violaron 16 derechos humanos.

"La reclusión de Brito reflejó violación a la vida, la integridad física, psíquica y moral; a la libertad, la salud, el derecho a la defensa, al debido proceso, y de acceso a la justicia", dijo.