Caracas.- En entrevista exclusiva a El Universal, José Amalio Graterol, Defensa de la jueza María Lourdes Afiuni, explicó que la aparición de la boleta de excarcelación de Eligio Cedeño, "ratifica que el ciudadano salió por una orden judicial por lo que no existe el delito de abuso de poder y mucho menos el de favorecimiento a la evasión". Además, el delito de corrupción fue desmontado por la misma Fiscalía porque "no hubo dinero ni promesa".

"No hay ningún elemento de convicción para mantenerla privada de libertad y los hechos que se suscitaron el pasado 10 de diciembre de 2009, cuando la jueza tomó la decisión de dejar en libertad a Eligio Cedeño, basada en una resolución de la ONU, tampoco implican delito de carácter penal", indicó.

María Lourdes Afiuni fue trasladada el día de ayer desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) hasta el Palacio de Justicia, bajo fuertes medidas de seguridad, para la audiencia oral y pública que daría inició al enjuiciamiento pero fue suspendida para el próximo 9 de septiembre "por irregularidades extremas en las actas".

"Revisando previamente el expediente antes de ir a juicio, nos encontramos que en el anexo 4 apareció, con un informe que determinaba un error de foliatura y sin fecha, la boletas de excarcelación de Eligio Cedeño. En la reunión, el juez y la fiscal aseguraban que no habían tocado el expediente, como exculpándose del hallazgo".

Graterol precisó que todas las irregularidades en las actas, obligan a la Defensa a replantearse la estrategia e indicó que exigirán al Tribunal que la doctora Afiuni sea juzgada en libertad. "No la pueden condenar, no hay pruebas pero lamentablemente estamos en presencia de un juez que cumple ordenes del Ejecutivo".

"El expediente se ha revisado en reiteradas oportunidades y esa boleta no estaba allí, tan es así que la fiscal General de la República ha afirmado, en todos los medios de comunicación, que no existía la boleta y que la jueza había sacado a Cedeño por la puerta de atrás del Tribunal. La Defensa tiene como demostrar con testigos que esa boleta había desaparecido del expediente y también tiene testigos que aseguran que fue sustraída por el fiscal Daniel Medina", aseveró.

Violación de género

Por otra parte, Graterol señaló que la jueza 31 del Área Metropolitana de Caracas "esta siendo victima de una violación de género institucional" porque además de aparecer una boleta de excarcelación, "nos encontramos con un informe del Hospital Militar donde aseguran que tiene un quiste en el seno derecho cuando nos dijeron que todo estaba bien y que la protuberancia en la axila no era nada".

"La llevan al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo obligada y encima nos engañan y nos dicen que lo de la axila no es nada y que debe ser tratada dentro de tres meses. Ahora envían al Tribunal un informe, casi un mes después de la consulta, donde dicen que tiene un quiste en el seno derecho determinado en la mamografía".

"¿Cómo es que vas a atenderla dentro de tres meses si tiene un quiste y sabemos que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte a nivel mundial de las mujeres? Allí lo que hay es una violencia de género por parte del Tribunal, una violencia institucional", acotó.

De igual manera, informó que hace tres semanas la Defensa notificó que la doctora María Lourdes presentaba una infección y se negó a ser trasladada al Hospital Militar el 1 de septiembre para ser sometidas a exámenes médicos.

"Las reglas mínimas de los reclusos, establecidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), señala que las personas privadas de libertad deben ser tratados en internados judiciales especiales o en hospitales civiles, no pueden ser tratadas en hospitales militares, no tiene porque ser el ginecólogo un capitán o un general. Ella está en todo su derecho de decidir que médico quiere consultar".

"Estamos exigiendo que sea un hospital civil quien trate a María Lourdes Afiuni de la infección que presenta, el problema de hipertensión, la arritmia cardiaca y el quiste de mama. Queremos la opinión de un oncólogo serio porque ante un diagnóstico de no tener nada y de repente aparece un quiste, nos genera dudas y desconfianza en la institución militar", expresó el abogado de la Defensa.

La jueza 31 del Área Metropolitana, María Lourdes Afiuni, está acusada por la presunta comisión de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir, luego de que fuese detenida por ordenar mediante decisión judicial la libertad condicional del empresario Eligio Cedeño, expresidente del Banco Bolívar.