¿El productor agrícola Franklin Brito decidió motu proprio llevar su huelga de hambre hasta las últimas consecuencias o fue inducido por alguien cercano a él? Esta es la incógnita que el Ministerio Público buscará despejar con la investigación que el miércoles abrió sobre el polémico deceso.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el programa que todos los jueves transmite por Radio Nacional de Venezuela (RNV) anunció que su despacho abrió una averiguación, luego de que una persona, de nombre Carlos Aldana, se lo solicitara.

"(El denunciante) considera que estamos en presencia de una inducción al suicidio de acuerdo con lo que él narra en la denuncia", afirmó la funcionaria, quien recordó que el artículo 412 del Código Penal establece un castigo de siete a diez años de cárcel para quien estuviera incurso en este tipo de acción.

¿Quiénes serían los sospechosos de llevar al productor agrícola a mantener una protesta que terminó costándole la vida? Ortega Díaz dijo que Aldana en su petición dejó constancia de "palabras y expresiones de personas allegadas a Franklin Brito que lo inducían a que mantuviera la huelga de hambre, a que no comiera y que insistiera en esa posición que lo llevó a la muerte".

Durante los meses que permaneció, contra su voluntad, en el Hospital Militar de Caracas, el manifestante tuvo apenas acceso a sus familiares más cercanos y esporádicas visitas de dirigentes políticos, abogados y periodistas.

Defiende su actuación
Tras lamentar el fallecimiento de Brito, la fiscal general defendió la actuación de su despacho en este caso y aseguró que todas las medidas que adoptó buscaban proteger la vida del productor agrícola.

En diciembre pasado el Ministerio Público pidió al Tribunal 23 de Control de Caracas que el manifestante, quien se encontraba en su séptima huelga de hambre, frente a la sede de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas, fuera llevado a un centro asistencial, alegando su derecho a la salud y que estaba inhabilitado mentalmente.

"Estuvimos atentos a él", afirmó Ortega Díaz, quien indicó que funcionarios de su despacho visitaron en 82 oportunidades al manifestante para constatar su estado de salud.

La también presidenta de turno del Consejo Moral Republicano negó haber incumplido su promesa de hacer las gestiones necesarias para que Brito fuera llevado al hospital de la Cruz Roja, tal y como lo denunció el miércoles el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

El Universal tuvo acceso a una resolución del pasado 23 de junio en la que el juez 23 de Control de Caracas, Lenin Fernández, ordena que el hoy fallecido fuera llevado, bajo custodia de sus familiares, desde el Hospital Militar hacia las dependencias de la Cruz Roja.

Sin embargo, dicha medida no pudo ejecutarse ya que el 24 de junio el director de la Cruz Roja, Alberto Urquiola, informó que no contaban con los equipos ni los medicamentos para tratarlo como era debido.