Ortega aseguró que se habla de una presunta inducción al suicidio porque Aldana "señala que hay palabras, expresiones, de personas estaban allegadas a Franklin Brito, que lo inducían a que mantuviera la huelga de hambre, a que no comiera, que insistiera en esta posición y que eso lo llevó a la muerte".
Caracas.- Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, anunció que designarán a un fiscal a fines de determinar si en el caso del fallecimiento de Franklin Brito, hubo una presunta inducción al suicidio por parte de familiares y amigos; ségún una denuncia que llegó ayer a su despacho.
La petición, explicó la Fiscal en un programa transmitido Radio Nacional de Venezuela, viene dada por la solicitud del ciudadano Carlos Aldana, quien exigió una investigación por lo que él considera un hecho punible contra Brito.
En el documento, de no más de siete páginas, explica por qué cree que la muerte del productor agropecuario debe ser considerada como un caso de "inducción al suicidio" por parte de sus familiares y allegados.
La Fiscal citó el artículo 412 del Código Penal en el cual dice: "El que hubiere inducido a algún individuo a que se suicide y que con tal fin lo haya ayudado será castigado, si el suicidio se consuma, con pena de siete a 10 años". Agregó que es el Ministerio Público el encargado de calificar cuándo una conducta es constitutiva de delito, y no la persona que formula la denuncia. En ese sentido será un funcionario del poder Judicial el encargado de llevar la investigación.
Ortega aseguró que se habla de una presunta inducción al suicidio porque Aldana "señala que hay palabras, expresiones, de personas estaban allegadas a Franklin Brito, que lo inducían a que mantuviera la huelga de hambre, a que no comiera, que insistiera en esta posición y que eso lo llevó a la muerte".
Según amplía el boletín de prensa enviado por la Fiscalía, durante el programa "En Sintonía con el Ministerio Público", Ortega recordó que el Estado está en la obligación de garantizar el derecho a la salud, como parte del derecho a la vida; y el Ministerio Público, con fundamento en ese precepto constitucional, hizo todo lo posible para resguardar la vida y la salud de Brito.
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