Como un hecho "gravísimo". Así calificaron desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) la decisión del presidente Hugo Chávez de no entregar más recursos para la construcción de la nueva sede del hospital Pérez de León de Petare, bajo el argumento de que el mismo es administrado por el municipio Sucre, el cual es gobernado por la oposición.

El coordinador de la organización no gubernamental, Marino Alvarado, aseveró que las razones del jefe del Estado configuran un "acto de discriminación política, no solo contra el alcalde sino contra la población de Petare que tiene derecho a disfrutar de un servicio de salud pública de calidad sin importar su filiación política".

Alvarado advirtió sobre los riesgos de que la resolución presidencial sea replicada por otros funcionarios. "Este es un mal ejemplo. Es un ejemplo del desconocimiento de uno de los principios fundamentales de la democracia: La pluralidad. Hay que estar atento a que ahora gobernadores y alcaldes no adopten decisiones similares contra otros funcionarios o contra localidades que no simpaticen con el Presidente".

El activista de Derechos Humanos consideró como "contradictorio" que "un presidente que constantemente reivindica a los pobres adopte una medida que afectará fundamentalmente a los pobres, que son la mayoría de Petare"; y por ello reclamó de la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, un pronunciamiento.

Esta no es la primera vez que la actual administración es acusada de discriminar. En 2009 el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, dijo que no negociaría la convención colectiva de la industria petrolera con sindicatos que no estuvieran alineados con el Gobierno y tras el referendo revocatorio presidencial de 2004 cientos de denuncias de despido de funcionarios públicos que respaldaron esa solicitud fueron reseñadas por la prensa, algunas llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Niegan acusaciones

Por su parte, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, diputado oficialista Rafael Ríos, negó que el anuncio presidencial sea discriminatorio, pues "lo que ha hecho (Chávez) es ratificar un criterio: Los hospitales deben estar en manos del gobierno central".

El parlamentario también negó que lo dicho por el mandatario implique un riesgo para las finanzas de las regiones. "El situado no se le puede quitar a ningún estado ni municipio, pues está establecido en la Constitución y la ley", afirmó para luego advertir: "El Gobierno no tiene obligación de entregar los recursos adicionales que le solicitan. Las gobernaciones y alcaldías que tienen hospitales son las responsables de esos centros de salud y deben mantenerlos con los recursos que tienen, y si esos fondos no son suficientes para garantizar un servicio eficiente, pues entonces deben entregarlos al Ministerio de Salud para que sea este el que los gestione".

Precisamente sobre el proceso de recentralización de la salud, Ríos anunció que en los próximos meses emprenderán una nueva campaña para que los hospitales que todavía están en manos de estados y municipios pasen al Ejecutivo.