Los ataques a la propiedad privada hacen mella en las condiciones de este derecho constitucional en el país.

De acuerdo con el Índice Internacional de los Derechos de Propiedad (IPRI), Venezuela ocupa el lugar 121 entre 125 países en el ranking de defensa del derecho a la propiedad, empatando con Chad y Zimbabue, y solo por encima de Costa de Marfil y Bangladesh, que ocupan los últimos dos lugares.

El IPRI, elaborado desde 2007 por la Alianza de los Derechos de Propiedad de Estados Unidos, el Instituto de Libre Empresa de Perú, y divulgado en Venezuela por Cedice Libertad, se conforma con datos recabados por entes como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y otras organizaciones empresariales.

Es un estudio anual que compara los países en términos de protección de los derechos de propiedad, tanto física como intelectual, y que investiga los efectos de un fuerte entorno jurídico y político, el reconocimiento y respeto de los derechos de propiedad física e intelectual en el desarrollo económico de un país.

Para 2010 Venezuela obtuvo 3,2 puntos en el ranking del IPRI, siendo 10 la máxima calificación. El año pasado Venezuela había obtenido una calificación de 3,3 puntos.

Retroceso variado

El IPRI se compone de tres subíndices: Entorno Legal y Político (LP), que mide la independencia judicial, el Estado de Derecho, la estabilidad política y el control de la corrupción; los Derechos de Propiedad Física (PPR), que miden la protección a la propiedad, el registro de la propiedad y el acceso a préstamos, y por último los Derechos de Propiedad Intelectual (IPR), donde se evalúa el nivel de protección de derechos de propiedad intelectual, la protección de patentes y el estado de la piratería de derecho de copia, conocido como copyright.

Venezuela ocupó el puesto 122 de los países en la calidad del Entorno Legal y Político. En cuanto a la protección a la propiedad física, el país se ubicó en el puesto 114, y sobre la protección de la propiedad intelectual, Venezuela se ubicó en el lugar 108 de 125 países.

En el estudio, presentado por los profesores universitarios de de Derecho, Tomás Arias y Luis Alfonso Herrera, se señala sobre la situación venezolana que "la toma sin pago previo de justo precio de tierras privadas agrarias a partir de 2005 se ha convertido en una política de Estado. La estrategia del Gobierno de negar o extinguir sistemáticamente la existencia de la propiedad privada en las diferentes áreas alcanzó su mayor expresión con la promulgación de nuevos decretos-ley en 2008 y con la reciente legislación aprobada durante 2009 por la Asamblea Nacional".

Se mencionan además otros factores que afectan el derecho a la propiedad, como la aplicación de regulaciones que violan la libertad económica sobre bienes inmuebles, actividades de construcción, y los medios de producción, tales como controles de precios, fijación de bienes a producir y en qué cantidad, restricciones a su movilización, etc.; así como medidas administrativas (intervenciones, ocupaciones, etc.) que privan a los propietarios del uso y ejercicio de su facultad de disponer de sus activos.

Luis Alfonso Herrera destacó que el debilitamiento de la propiedad industrial está muy marcado por la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), lo que ha causado gran incertidumbre sobre la pérdida de derechos sobre la propiedad de las marcas y patentes. Asimismo, mencionó que existe una especie de "complicidad del Poder Judicial", basándose en el hecho de que "más de 90% de los amparos constitucionales (referidos a la propiedad) son declarados inadmisibles".

Aseguró que pese al discurso oficial, solo existen dos tipos de propiedad: la privada y la estatal, que permite algunos regímenes de administración en manos de particulares.