Unas 280 personas más saldrán de Francia el jueves, también en aviones "especialmente contratados", dijo el ministro Eric Besson
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París.- Unos 8.000 rumanos y búlgaros indocumentados regresaron de Francia a sus países en lo que va del año, la mayoría de ellos "voluntariamente", indicó el ministro de Inmigración e Identidad Nacional francés, Eric Besson.
Sobre un total de 8.030 personas, 1.291 fueron "obligadas" a regresar a sus países y 6.739 lo hicieron "voluntariamente", en un total de 27 vuelos "especialmente contratados" para ellos, agregó el ministro, destacó AFP.
Unas 280 personas más saldrán de Francia el jueves, también en aviones "especialmente contratados", dijo Besson.
Francia afronta desde la semana pasada la oleada de críticas internacionales por las masivas repatriaciones de gitanos y sigue expulsando a miembros de esa minoría hacia sus países de origen en Europa oriental.
Besson califica a la mayoría de estas repatriaciones de "regresos voluntarios", ya que cada adulto que acepta volver cobra 300 euros (385 dólares) y los menores de edad, 100 euros cada uno.
Un especialista afirmó que, de no aceptar irse ahora, Francia podría expulsarlos un mes después sin entregarles dinero alguno.
Si bien Rumania y Bulgaria son miembros de la Unión Europea (UE), Francia tiene la posibilidad de obligar a rumanos y búlgaros a regresar a sus países tras tres meses de estadía, pero los expulsados tienen la posibilidad de regresar.
Francia expulsó a unos 10.000 cíngaros rumanos y búlgaros el año pasado.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, estimó a fines de julio que los disturbios callejeros consecutivos a la muerte de un joven por disparos de un gendarme mostraban "los problemas que plantea la conducta de algunos gitanos".
Además, Sarkozy anunció prácticamente al mismo tiempo una "verdadera guerra" contra la "criminalidad".
Poco después, tras una polémica reunión dedicada a los gitanos en la que participaron altas autoridades francesas, el gobierno afirmó que la mitad de los campamentos ilegales en Francia serían desmantelados en un plazo de tres meses.
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