Caracas.- La Mesa de Unidad Democrática presentó el informe final sobre la crisis alimentaria en el país, en el que aseveran que los problemas en materia alimentaria se deben a un "conjunto de políticas inadecuadas, leyes que violan los principios constitucionales y actos irresponsables cometidos por funcionarios de distintos niveles de la administración pública".

Carlos Machado, especialista del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, fue el encargado de presentar el informe y aseguró que la mayor prueba de la "ineficiencia" en materia alimentaria es el hallazgo de alimentos descompuestos o vencidos pertenecientes a la red Pdval.

Entre las causas de la crisis destacaron la "existencia de un proceso incontrolado en el sector alimentos así como situaciones recurrentes de escasez" acompañadas de la intervención del Gobierno en procesos de los cuales, según consideran, carecen de la organización, capacidad, experiencia, recursos y controles requeridos.

Asimismo resaltaron "la inexistencia de la función contralora de la AN" y la presencia de un estricto control de cambio que ha contribuido en restarle "competitividad" a los productores nacionales. Agregan el "incumplimiento, por parte de los organismos competentes, de las normas relativas a la seguridad alimentaria y en particular la inspección y control de la inocuidad de los alimentos importados". También el incumplimiento, por parte de la red de distribución, de los trámites contemplados en el Reglamento general de alimentos.

Según destacó Machado las consecuencias de la crisis "son muy graves e incluyen amenazas a la salud pública daños al patrimonio y la impunidad por falta de aplicación de sanciones pertinentes, desatención de funciones del Estado y violaciones de los derechos de las personas de disponer oportunamente de bienes y servicios de calidad conformé a sus preferencias o sus necesidades particulares".

A tales efectos, el informe ofrece un total de 15 recomendaciones enmarcadas en el respeto a la propiedad privada de las tierras, las garantías de expropiación por causa de "verdadera" utilidad pública, el respeto el debido proceso y la justa indemnización de las partes involucradas.

Entre ellas destacan la modificación de las leyes vigentes para que las cadenas agroalimentarias realicen sus labores con las libertades económicas garantizadas por la constitución; la promulgación de un código alimentario que compile la normativa relacionada con la producción de alimentos; la derogación, revisión, simplificación y revisión de los procedimientos para la producción, transporte y almacenamiento de alimentos.

Por otro lado, exhorta a Pdvsa, a las FANB y al INTI a cumplir sus obligaciones y responsabilidades consagradas por la Ley, y exige a la Contraloría y al Ministerio Público la "diligencia en cuanto a las responsabilidades a las que hubiera lugar para quienes por acción, omisión, delegación o imposición, permitieron la pérdida de alimentos, causaron daños al patrimonio público y pusieron en riesgo la salud de la población"

De igual forma la Comisión recomendó a los diputados actuales y electos que actúen y tomen medidas legislativas de contraloría y presupuesto "indispensables para incrementar la producción nacional de alimentos y garantizar la calidad e inocuidad de aquellos procedentes del exterior".

Una de las finalidades de estas medidas, afirmó Machado, es combatir la coexistencia de problemas de sobre peso y déficit alimentario que en la actualidad sufren los estratos de menores recursos. "Se pregunta la comisión si estos miles de millones de dólares que se han gastado innecesariamente adquiriendo productos que se podían adquirir en el país, qué efecto positivo podrían haber tenido sobre la nutrición infantil de Venezuela, sobre la generación de empleo o sobre el desarrollo de los negocios agrícolas, de haber sido invertidos en el seno del país".