Con la misma pasión que disfrutan de su arepa mañanera, es común escuchar a los ciudadanos decir que el problema en Venezuela es "que las leyes existen, pero no se cumplen". Algunos, nostálgicos, claman que la crisis estriba en los proyectos "engavetados" por la Asamblea Nacional. Otros, tal vez los más atrevidos, señalan sin tapujos que la raíz de la tragedia estriba en la falta de control gubernamental y aseguran que la única solución es sancionar más normas.

En su mayoría, quienes proponen la ley como panacea a sus problemas, lo hacen de buena fe. El ciudadano de a pie, acostumbrado a escuchar un discurso asentado en los principios del estatismo, acude a los archiconocidos argumentos desarrollados por los enemigos de la libertad para justificar su desgracia.

Se trata de un círculo vicioso. Leyes, leyes y más leyes. Pero Venezuela continúa en el atraso y la pobreza. ¿Cuál es la razón por la que esas normas, creadas con la mejor de las voluntades, no han funcionado? ¿Es que acaso el país está condenado a la negación eterna de la prosperidad y el desarrollo? Estos males tienen solución. Su cura, sin embargo, no proviene de una promesa mágica, un programa sustentable, la clemencia del algún burócrata que de forma esporádica se acuerda que debe atender sus funciones gubernamentales. Afortunadamente, los recursos para superar nuestras deficiencias surgen de nosotros mismos. Es el individuo, al mejor estilo de Invictus, el amo de su destino.

Permitir que los individuos desarrollen por sí mismos la tarea de construir la sociedad no es una faena sencilla. Cuanto más poder tienen los ciudadanos, menos tendrá el Gobierno. Sin embargo, a través de nuestra historia los recursos y las riquezas los ha poseído el Estado. Conscientes de esta situación, los gobernantes no dejarán arrebatarse lo que han conseguido empleando un discurso pleno en equívocos y mentiras. Cual baraja marcada, los estatistas aprovechan la ley para restringir la libertad. Y la población valora positivamente su existencia. Es inimaginable un país sin una norma que regule los alquileres, que obligue a los bancos a otorgar créditos al sector turismo, o que exhorte a los empresarios a producir los alimentos a un precio determinado.

Esas leyes han fracasado. Tal es su irracionalidad práctica, que las sanciones por su incumplimiento sólo se aplican como medio de coacción política. En el discurso de los creadores de leyes, sin embargo, se divulga que habrá "más viviendas", "créditos para los pobres", "alimentos a precios justos". Cuanto más favorece una ley a un determinado sector, paradójicamente, mayor daño le ocasiona a la sociedad. Lo que el legislador plantea como respuesta directa a un problema, repercute indirectamente en otro espacio, trayendo consigo consecuencias inusitadas para el desarrollo del país. Cada norma, inexorablemente, está sometida a una estructura de costo-beneficio que no puede ser menospreciada.

Es imperativo despojar a la ley de este significado de legislación y devolverle su sentido creador. Esa, y no otra, era la concepción de ley dentro del Common Law y el derecho romano. Tal como lo señaló John Locke: "El fin de la ley no es abolir y restringir la libertad, sino preservarla". Dentro de este postulado, la Constitución, eje rector del ordenamiento jurídico, deberá entenderse como un instrumento que limite al poder y no como un catálogo de pseudoderechos irresponsablemente consagrados por capricho del constituyente.

El valor normativo de la Constitución se basa en un gran ausente dentro de la historia de Venezuela: el Estado de Derecho. Menospreciado, representa el ancla de la libertad, el emprendimiento. El escudo con el cual se logra la protección contra los ataques del gran gobierno. Los legisladores, al ser hombres, a su vez son falibles. Su capacidad para entender la realidad de un orden complejo posee las mismas limitaciones de cualquier ciudadano común. Es su ambición de poder, aunada a los grupos de presión, lo que no permite el surgimiento del individuo sobre el Estado. Citando a Bruno Leoni, "hay demasiados intereses creados y prejuicios dispuestos a defender la hipertrofia del proceso legislativo en la sociedad contemporánea".

Todo hombre tiene derecho a la búsqueda de la felicidad. Si las fórmulas que pregonan abundancia de leyes y control del Estado fracasaron, es justo que se le dé la oportunidad a un sistema de libertades para construir una sociedad abierta, próspera y desarrollada.

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